Nicolás Fernández Cucurull, senador por Ceuta, fue el
encargado de defender las 11 enmiendas a reforma de la Ley
de Represión del Contrabando que ayer se debatió en el
Senado. Tras una votación ajustada, las tres propuestas
relativas a Ceuta y Melilla consiguieron salir adelante a
falta de la aprobación del Congreso.
Conciso y contundente. Así se mostró Nicolás Fernández
Cucurull en su defensa de las enmiendas presentadas por su
grupo a la reforma de la Ley Orgánica de Represión del
Contrabando, que ayer se debatió en el Senado. Entre ellas
se encontraban las tres cuyo objetivo es adecuar esta ley al
Régimen Económico y Fiscal de Ceuta y Melilla. Tres
propuestas que fueron aprobadas por la mínima en el Senado
con 116 votos a favor, 113 en contra y 3 abstenciones.
Ajustado al tiempo del que disponía, el senador por Ceuta
fue claro al defender la aprobación de las enmiendas 4, 11 y
14 relativas a las dos ciudades autónomas. En primer lugar,
para promover el cambio del concepto de importación
contemplado en la ley. “No tiene sentido que una mercancía
que sale y llega a territorio español pueda ser objeto de la
aplicación de la ley de contrabando, que esta prevista para
la entrada de mercancías no comunitarias” sostuvo Cucurull.
Por ello, el grupo popular propone que el concepto de
importación sólo se aplique a la entrada de mercancías no
comunitarias, “exactamente igual que en el resto del
territorio español”.
Seguidamente, el senador por Ceuta expuso la enmienda 14 que
aclara que la no consideración como importación de la
introducción de mercancías comunitarias en el ámbito
territorial de Ceuta y Melilla, “no exime de las
obligaciones documentales y tributarias conforme a la
normativa reguladora del IPSI”. Una fórmula que permitirá
que las haciendas de ambas ciudades autónomas queden
salvaguardadas, “consiguiéndose exclusivamente el objetivo
pretendido de que no puedan aplicarse el delito de
contrabando a algo que no es una importación”, apuntó
Fernández Cucurull.
Oposición socialista
El último punto que argumentó el popular en su turno de
defensa de las enmiendas fue la modificación de la
disposición adicional tercera de la ley que obliga a las
compañías de transporte marítimo a presentar un listado
detallado de los pasajeros cuyo destino sea territorio
nacional. Una cláusula impuesta a países no comunitarios y
que se aplica también en las dos ciudades autónomas. A
través de ella se quiere impedir lo que a juicio del grupo
popular es “un exceso legislativo y una discriminación a los
ciudadanos de Ceuta y de Melilla”.
Tras su intervención, subió al estrado la senadora por el
grupo socialista, María José Rodríguez, que se mostró
contraria a las propuestas populares, que su grupo no apoyó
en la votación. Mientras, en su turno de réplica, Fernández
Cucurull lamentó la postura de los socialistas en contra de
las enmiendas relacionadas con el REF de Ceuta y Melilla.
“El objetivo del REF es dotar a las ciudades de Ceuta y de
Melilla de un instrumento adecuado para superar los
obstáculos que suponen para el desarrollo socioeconómico su
separación del resto del territorio español, la escasez de
sus recursos básicos y su condición de frontera con una zona
de menor desarrollo económico” expuso el senador que
defendió la actualización del REF que desde hace siete años
no se ha producido y que corre el riesgo de convertirse en
una “cáscara vacía” debido a las interpretaciones “cada vez
más restrictivas del mismo, impulsadas desde el gobierno a
través de las autoridades tributarias”.
Por último, el senador agradeció su apoyo a CiU por un
proyecto que fue aprobado y que ya está camino del Congreso,
donde pasará su último examen.
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Los populares presentaron un total de 11 modificaciones
Durante su intervención ayer en el
pleno del Senado, Nicolás Fernández Cucurull defendió ante
el pleno 11 enmiendas en relación con el proyecto de reforma
de la Ley de Represión del Contrabando. Propuestas que el
senador agrupó en tres bloques. El primero de ellos
destinado a reducir el umbral cuantitativo que fija el
límite entre el delito de contrabando y la infracción
administrativa. Mientras que el segundo pretende conseguir
mejoras técnicas en relación con aspectos diversos de la
ley. De forma que mediante la enmienda número 9 se pretende
que se aplique la pena superior en uno o dos grados cuando
el objeto del contrabando sean drogas, armas, agentes
biológicos, sustancias químicas tóxicas, y cuando el
contrabando se realiza a través de organización. Unas
modificaciones que fueron atacadas por los socialistas a
través de su portavoz, María José Rodríguez, que no rebatió
todos los puntos propuestos por el grupo popular para la
modificación de esta ley. Una oposición que no impidió que
las propuestas relativas a las ciudades de Ceuta y Melilla
salieran adelante, ya que en la Cámara del Senado los
populares cuentan con mayoría absoluta.
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