En el Congreso de los Diputados se vivió ayer una jornada
histórica para Ceuta: el presidente en funciones de la
Ciudad, Juan Vivas, fue el encargado de defender en el Pleno
la iniciativa de la Asamblea ceutí para la toma en
consideración de la propuesta de ampliar y extender las
bonificaciones a la Seguridad Social, que apoyaron todos los
Grupos excepto CiU. Junto a Vivas, intervino la portavoz
Socialista en Ceuta, Inmaculada Ramírez.
El hemiciclo del Congreso de los Diputados fue escenario
ayer de un momento histórico para Ceuta: por primera vez, la
Ciudad defendía en el órgano legislativo una propuesta, la
toma en consideración de una iniciativa de la Asamblea para
la ampliación del 40 al 50% y extensión a todos los sectores
de las bonificaciones en las cuotas a la Seguridad Social de
las empresas ceutíes. El encargado de defender la iniciativa
fue el presidente en funciones de la Ciudad, Juan Vivas,
quien se mostró satisfecho por “el apoyo y la sensibilidad”
de la Cámara Baja.
Al comienzo de su intervención en una sesión plenaria, que
se inició a las 16.00 horas, el presidente ceutí describió
la iniciativa presentada como “excepcional y trascendental”.
“Excepcional -glosó- por ser la primera vez que la Ciudad
utiliza este recurso legal, contemplado en nuestro estatuto
de Autonomía, y trascendental por afectar a un asunto de
vital importancia”. Esta cuestión vital es “la necesidad de
poner al día y fortalecer los incentivos económicos y
fiscales que están concebidos para atender las esenciales
dificultades que en nuestras dos ciudades autónomas
concurren en relación con la cobertura de determinados
servicios básicos, el desenvolvimiento de la actvidad
productiva y la creación de empleo”.
El presidente en funciones, cuyo discurso, junto con el
resto de intervenciones, pudo seguirse en directo por el
Canal Congreso y también a través de distintas plataformas
digitales, defendió asimismo la propuesta que la Asamblea
ceutí aprobó por unanimidad, como “justa”, apelando a la
excepcionalidad de los “condicionantes y dificultades” que
limitan las posibilidades de desarrollo de Ceuta y, por
tanto, de creación de empleo. “No existe ningún otro lugar
dentro de España en el que, a las dificultades propias de la
extrapeninsularidad, se sumen la extrema escasez de suelo y
otros recursos naturales, los elevadísimos precios de las
comunicaciones con la península, el reducido tamaño del
mercado local y el igualmente singular hecho fronterizo”,
explicó Vivas. El presidente ha recordado, asimismo, que la
entrada de España en la UE (entonces Comunidad Económica
Europea) agotó el modelo económico existente, basado en la
condición peculiar de ser territorio franco aduanero.
Vivas argumentó respecto a estas singularidades que si las
limitaciones tienen una “naturaleza permanente e
irreversible”, la medida debe tener un “carácter
estructural”, tal y como pidió el presidente, que además ha
solicitado que el asunto se agilice en su tramitación para
que entre en vigor cuanto antes.
En cuanto a los condicionantes, Vivas manifestó que el
impacto del hecho fronterizo nace como consecuencia de las
“abismales” diferencias de renta y de protección social
existentes entre ambos lados, lo que a su vez se traduce en
“una fuerte presión migratoria en todas sus variantes” y en
una mayor demanda de servicios fundamentales.
Desde la perspectiva del desarrollo económico y del empleo,
y según manifestó el presidente Vivas, la frontera de España
con Marruecos no abre oportunidad alguna debido a que las
autoridades marroquíes “estrangulan, coartan e impiden”
cualquier posibilidad de desarrollo conjunto basada en la
complementariedad, en la cooperación y en la normalización
de las relaciones económicas y comerciales.
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La propuesta ceutí se fundamenta en “dos pilares” de la
Constitución
Para finalizar su discurso ante el
Pleno del Congreso, el presidente Vivas encontró en “dos
pilares” de la Constitución, el más sólido de sus
argumentos: “El derecho de todos los españoles a ser iguales
en niveles de vida, en el acceso a los servicios públicos, y
en oportunidades, con independencia de que residan en la
península, en las islas o en nuestras dos ciudades
autónomas, y la obligación de los poderes públicos de velar
por un equilibrio territorial adecuado y justo”. La
tramitación de esta propuesta, tal y como señaló el
presidente de la Ciudad, “no impide” su aprovechamiento
para, “con base en las negociaciones llevadas a cabo y
trabajos realizados desde el mes de octubre del pasado
ejercicio, concretar, acotar y graduar lo que se estime
apropiado”. Del mismo modo, la toma en consideración
“tampoco impide plantear en un futuro próximo otras vías
alternativas que conduzcan al mismo fin”.
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