El Partido de los Demócratas de Melilla (PDM) denunció ayer
las intolerables e insostenibles cifras de desempleo que
condenan al paro a prácticamente 11.000 melillenses, esto
es, el 25% de la población activa. El PDM considera que las
cifras de paro constituyen un motivo de alarma social, que
ponen en evidencia, año tras año, la insensibilidad social e
incapacidad para diseñar un modelo económico que afronte los
nuevos retos derivados de los distintos procesos de
integración que se suceden en nuestro entorno.
Los demócratas señalan que se trata de una situación de
emergencia económica y social, que se verá agravada tras la
conclusión de los planes de empleo de la Administración
Central y que tendrá su reflejo en el dramatismo de los más
de 11.000 parados en nuestra ciudad, tal cual se infiere de
los datos de la EPA. En este sentido, apunta que la
consecuencia del intolerable número de desempleados es el
incremento de los índices de pobreza y exclusión social. “Es
urgente un giro de 180º grados en las políticas de las
distintas administraciones, particularmente de la
administración central, asumiendo definitivamente nuestra
realidad socio- económica”. Por ello el PDM denuncia como
una vez más “se omite deliberadamente” que la práctica
totalidad de los 11.000 parados “son melillenses musulmanes,
cuyas cifras del paro alcanzan al menos al 50% de su
población activa”.
El PDM denuncia la hipocresía que supone la segregación de
los datos de desempleo en función de distintas variantes
como la que representa el género y que sin embargo se omita
interesadamente los datos del paro en la Comunidad
Musulmana. Recuerda que “su tardía incorporación a nuestra
vida económica y social, resultado de décadas de
discriminación, constituye un grave déficit y una rémora que
explicarían objetivamente los actuales niveles de paro en
general y en aquella comunidad en particular”. El objetivo
último de esta omisión es eludir la necesidad de programas
de discriminación positiva sobradamente justificados, tal
cual viene exigiendo el más elemental sentido de la
justicia, así como la propia letra y espíritu de la
Constitución, que exige de los poderes públicos remover los
obstáculos que dificulten que la libertad e igualdad de los
ciudadanos sean reales.
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