Las administraciones en Ceuta, local y estatal se unen en la
lucha contra el empleo irregular, aunque habrá un periodo
voluntario hasta el 31 de julio para regularizar situaciones
en las empresas y los trabajadores. Las sanciones previstas
se han multiplicado por cinco.
La Delegación del Gobierno ha reunido a los representantes
de las asociaciones de empresarios, graduados sociales,
responsables del INSS y el SPEE y de la Consejería de
Economía y Empleo de la Ciudad Autónoma para explicar las
medidas del Gobierno para la regularización y control del
empleo sumergido, incluidas en un Decreto Ley que se aprobó
el pasado jueves.
Habrá tolerancia cero contra el empleo irregular, abriendo
además un periodo de regularización voluntaria del empleo
sumergido que permita evitar mayores responsabilidades
sancionadoras y acogerse a determinadas ventajas.
La Inspección de Trabajo seguirá actuando en el control de
la economía sumergida durante el periodo de regularización y
sancionará a los empresarios que ocupen trabajadores de
manera irregular sin haberlos dado de alta.
Además, desde el 1 de agosto entrará en vigor un importante
incremento de todas las sanciones que tienen que ver con el
empleo no declarado, que pretende impulsar el proceso de
regularización.
Por falta de afiliación o alta de trabajadores en la
Seguridad Socia se pasa de una sanción mínima de 626 euros a
3.126 euros (se multiplica por 5), y una sanción máxima de
10.000 euros.
Empresarios que ocupen a trabajadores perceptores de
prestaciones por desempleo o pensiones incompatibles con la
actividad laboral: La cuantía mínima de la sanción
prácticamente se ha duplicado, de 6.251 euros a 10.001
euros.
Además se impondrán a las empresas que contraten o
subcontraten obras a obligación de comprobar que los
trabajadores de las contratas y subcontratas estén dados de
alta en la Seguridad Social.
Y las empresas que resulten sancionadas por una infracción
grave en materia de empleo no declarado serán excluidas de
las contrataciones con el sector público.
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