La Audiencia Provincial acogió ayer, el sorteo de los
candidatos al Tribunal del Jurado que emitirá su veredicto
sobre el crimen de Ikram, presuntamente estrangulada por su
pareja en julio de 2009, que se encuentra en la prisión de
Botafuegos. Un total de 36 ceutíes son los aspirantes aunque
el sorteo puede ser reclamado por cualquier ciudadano.
A poco más de un mes de la celebración del juicio sobre el
crimen de la joven Ikram, presuntamente estrangulada por su
pareja el 15 de julio de 2009, la Sección VI de la Audiencia
Provincial de Cádiz en Ceuta acogió ayer el sorteo de los
candidatos que conformarán el Tribunal del Jurado que
presida la sala.
Un total de 36 ceutíes, diez mujeres y 26 hombres, extraídos
directamente de la lista del censo electoral, tal y como
establece la Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo, del
Tribunal del Jurado. Los aspirantes, de todas las
comunidades que conviven en la ciudad autónoma, recibirán la
citación mediante la cual se les informará de tal
acontecimiento y se les hará entrega de la pertinente
documentación en la que se indicará las causas de
incapacidad, incompatibilidad y excusa, y el procedimiento
para su alegación.
Algunos de los motivos que pueden excusar a un ciudadano
como jurado son ser mayor de 65 años, haber desempeñado
funciones de jurado dentro de los cuatro años precedentes al
día de la nueva designación, los que sufran grave trastorno
por razón de las cargas familiares, los que desempeñen
trabajo de relevante interés general, cuya sustitución
originaría importantes perjuicios al mismo, los que tengan
su residencia en el extranjero, los militares profesionales
en activo cuando concurran razones de servicio, y los que
aleguen y acrediten suficientemente cualquier otra causa que
les dificulte de forma grave el desempeño de la función de
jurado.
Recordar que, en primera instancia, el representante del
Ministerio Fiscal ha calificado los hechos como
constitutivos de un delito de asesinato con el agravante de
parentesco, por el que pide para el acusado una pena de 20
años de prisión y una indemnización de 120.000 euros para la
hija menor del matrimonio y otros 60.000 euros para la
familia de la joven. Aunque tampoco se descarta que la
calificación final apunte al delito de homicidio con abuso
de superioridad, según fuentes cercanas al caso.
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