A pesar de formar parte de la Unión Europea, si un producto
llega a Ceuta y no se documenta correctamente esta
transacción, la irregularidad se trata como delito de
contrabando. Una situación que desde el Partido Popular
pretenden cambiar para acabar con una situación desfavorable
para los empresarios ceutíes, en desventaja respecto a los
de la península, por lo que promulgan la modificación de la
Ley de Represión de Contrabando que se aplica en la ciudad.
Tras la presentación de tres enmiendas relativas a Ceuta
para el proyecto de modificación de la Ley de Contrabando,
el senador Nicolás Fernández Cucurull explica cómo actua esa
ley en la ciudad y cuáles serán las consecuencias de su
modificación.
Cuando un producto llega a Ceuta desde cualquier punto de
España, la transacción es considerada como una importación,
igual que si la mercancía llegara de un tercer país. Aunque
la ciudad se encuentra dentro de la Unión Europea, no lo
está en su Unión Aduanera, debido al régimen fiscal
específico vigente, el Ipsi. Por ello, cuando se traen
mercancías desde cualquier punto de Europa o España la
transacción se rige por la misma normativa que las que se
llevan a cabo con países extracomunitarios, es decir, se
aplica la Ley de Represión del Contrabando aprobada por el
gobierno socialista en 1995.
Es en este momento cuando se introduce el concepto de
importación para las mercancías comunitarias que entran en
Ceuta, y con él, los problemas para los empresarios ceutíes.
“Hasta entonces no era considerado importación ya que se
trata de la mercancía que viene de territorio nacional, en
la mayor parte de los casos desde Algeciras, y llega a
territorio nacional”, explica Fernández Cucurull. Él es el
senador del Partido Popular por Ceuta que ha propuesto tres
modificaciones relativas a la ciudad en el proyecto de
modificación de esta ley que tanto ha perjudicado a los
empresarios de la ciudad.
Desde la entrada en vigor de esta normativa, los
comerciantes ceutíes se han regido por una ley cuyo objetivo
es evitar que no se declaren importaciones de países fuera
del mercado común. “Si no se documentaba bien alguna
llegada, se aplica dicha ley con las multas e incluso penas
de prisión que pueden implicar. Lo que evidentemente es un
exceso”, aclara Fernández Cucurull quien señala como
desmesurada la aplicación de una pena de ese calibre a
alguien que “no está cometiendo un delito de contrabando”.
Esta ley se basa en el hecho de que Ceuta está fuera del
territorio aduanero. No obstante, todos los análisis que se
han hecho sobre esta situación apuntan que el futuro es
“integrar a la ciudad en la Unión Aduanera”, avisa Fernández
Cucurull: ”Tendremos que negociar la integración en la Unión
Aduanera sin que conlleve perjuicio en la aplicación de
nuestro régimen económico fiscal especial, al igual que se
hizo en Canarias”. Pero antes, lo primordial “es acabar con
este agravio de la Ley de Contrabando”, señala.
“Hemos presentado una disposición en forma de enmienda en la
que dejamos claro que la llegada de mercancías a Ceuta
seguiría siendo considerada importación en cuanto a la
documentación que debería tramitarse y a efectos del régimen
fiscal especial de la ciudad, pero en ningún caso la falta
de estos requisitos serían considerados delitos, sino
infracciones administrativas”, aclara Fernández Cucurull. Y
es que, para el popular considerar un delito la introducción
de una mercancía que sale de territorio nacional y llega a
territorio nacional “es un abuso”.
El senador popular también ha exigido que se corrija la
obligación que tienen las compañías de transporte de Ceuta y
Melilla que realicen servicios a cualquier enclave nacional
de enviar a las autoridades listados completos de pasajeros.
Una medida que impide “la igualdad de condiciones” entre
ambas ciudades autonómicas y el resto del territorio
español.
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