Los grupos de la oposición, PSOE y Coalición por Melilla (CPM),
criticaron ayer la prórroga que se ha hecho del contrato de
mantenimiento del alumbrado público de la ciudad para los
próximo cinco años por casi siete millones de euros, asunto
que fue aprobado ayer en el Pleno de la Asamblea con los
únicos votos a favor del PP.
Tras ser aprobada ayer la prórroga, este contrato de
servicio público finalizará el 30 de abril de 2016 y contará
con un presupuesto de 6.863.575 euros, una cantidad que la
oposición consideró demasiado elevada como para adjudicar
sin consenso el contrato en estos momentos, cuando la
legislatura está a punto de terminar, de modo que tendrá que
gestionarlo el próximo Gobierno.
“Un contrato tan importante no puede quedar sólo en la
decisión del PP, debe buscar el consenso de todos los
grupos”, dijo el portavoz socialista, Dionisio Muñoz, que
criticó asimismo los “evidentes fallos” de este contrato
desde que fue aprobado en 2006.
En cualquier caso, Muñoz centró su intervención en criticar
el día elegido por el Gobierno autónomo para aprobar la
prórroga de este contrato público, el Miércoles Santo a las
13,00 horas, lo que en su opinión tiene como claro objetivo
ocultarlo a la opinión pública por ser ésta una semana
prácticamente vacacional.
Por su parte, CPM sospechó que la intención del Gobierno ha
sido alargar los plazos para que al final no quedara más
remedio que prorrogar el actual contrato, en lugar de
intentar mejorar las condiciones, buscar una mayor
eficiencia del alumbrado para lograr un ahorro energético y
sacar un concurso público “con bastante tiempo”.
“Esto es un capítulo de derroche de fondos públicos, el
Gobierno tiene poco respeto por el dinero de los
ciudadanos”, señaló Dunia Almansouri, diputada cepemista, a
la que Conesa respondió que se ha optado por prorrogar el
contrato porque éste ha sido “satisfactorio” según los
técnicos de la Ciudad Autónoma.
El Gobierno local, a través de su portavoz, Daniel Conesa,
desmintió esta acusación socialista al recordar que ayer fue
“un día tan hábil como otro cualquiera”, lo que ejemplificó
con la reunión de ayer del Consejo de Ministros, o la
comparecencia de la ministra de Defensa el Martes Santo en
el Congreso para solicitar una prórroga de la intervención
militar española en Libia. Además, recordó que tras la
aprobación de este punto será necesario llevar a cabo una
serie de trámites administrativos, de modo que “cuantos más
días pasen peor”.
Conesa lamentó que la oposición siguiera en su tónica
habitual de sembrar las dudas entre la población respecto a
presuntos “negocios” del Gobierno local “lanzando porquería
al aire”. “No hay ninguna intención de pasar de forma
sigilosa ni ocultar nada”, insistió Conesa.
Por su parte, el consejero de Fomento, Rafael Marín,
insistió en que el contrato ha dado unos resultados
“satisfactorios” en los últimos cinco años. Además,
desmintió que la prórroga del contrato suponga un derroche
de dinero público, ya que tanto esta opción como la
elaboración de un contrato nuevo hubieran requerido tomar
como precio de referencia el contrato de 2006.
Modificaciones de crédito
Sin embargo, tanto el PSOE como CPM quitaron crédito a esta
versión al afirmar que cada año es necesario aprobar una
modificación de crédito para complementar la deuda del
concepto presupuestario, ya que el coste del servicio es
entre 300.000 y 400.000 euros más caro de lo inicialmente
previsto.
El Gobierno aclaró que estas variaciones de precio responden
habitualmente al alumbrado extraordinario, sujeto a otro
contrato diferente al aprobado ayer, o a los gastos de
reparación por vandalismo, que en ocasiones suponen gastos
extraordinarios superiores a los 200.000 euros anuales.
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