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En esta ocasión, compartiré con
los lectores de este medio de comunicación algunas
reflexiones en relación a las críticas totalmente infundadas
vertidas por los portavoces de la coalición Caballas contra
el Ejecutivo de la ciudad en relación a una decisión
legítima adoptada por la dirección de la televisión privada
ceutí, Ceuta Televisión, quien decidió la pasada semana
finalizar momentáneamente las emisiones del programa
dirigido y presentado por Nada Gad, un espacio informativo
sobre la actualidad ceutí emitido íntegramente en árabe.
En primer lugar, puntualizar que de la misma forma que
algunas formaciones políticas de la ciudad decidieron
felicitar a Ceuta Televisión por su histórica decisión
ahora, que han decidido legítimamente cancelar la emisión de
dicho espacio televisivo, correspondería de la misma forma
valorar la decisión adoptada por la dirección de dicha
televisión y no dirigir sus acusaciones contra un Gobierno
ceutí, que en todo momento ha defendido y protegido la
libertad de expresión de todos los medios de comunicación de
la ciudad y por supuesto, respetado como corresponde en
democracia las decisiones adoptadas por los diferentes
editores en el libre ejercicio de sus responsabilidades
directivas.
Por tanto, resulta totalmente inadmisible, que la coalición
dirigida por Mohamed Alí y Juan Luís Aróstegui, acuse al
Ejecutivo ceutí y en particular, a la portavoz del Gobierno,
Yolanda Bel, de censurar las emisiones de un espacio
televisivo producido, elaborado y emitido por un medio de
comunicación totalmente privado de la ciudad. En este punto,
debo recordar a nuestros lectores, que el artículo 20 de la
Constitución Española de 1978, aprobada mayoritariamente por
el pueblo español, reconoce y protege entre otras
cuestiones, el derecho a expresar y difundir libremente los
pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el
escrito o cualquier otro medio de reproducción por tanto,
acusar al Ejecutivo ceutí de tal decisión es acusarlo de
actuar en contra de nuestra Carta Magna.
Por todo ello y en virtud de las manifestaciones recogidas
en diferentes medios de comunicación de la ciudad, solicito
a los dirigentes de la formación política a la que
pertenezco desde hace más de una década, el Partido Popular
de Ceuta, valoren en profundidad la viabilidad de adoptar
las acciones legales correspondientes en virtud a estas
presuntas acusaciones vertidas por los portavoces de la
coalición Caballas puesto que, como militantes de dicha
formación ni puedo, ni debo consentir que acusen al Gobierno
sustentando por mi partido de cercenar los derechos
constitucionales que protegen a los medios de comunicación.
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OPINIÓN / AL SUR DEL SUR
