Nada es como parece. Y si en
algunos países de Europa, España mismamente y sobre todo
Italia, la corrupción la logrado tomar carta de naturaleza
en las mismas entrañas del Estado, en Marruecos la amenaza
se percibe más cercana, soplando su fétido aliento en la
misma nuca de una hastiada ciudadanía.
Tánger, la otra ciudad que junto a Ceuta se asoma al
Estrecho desde tierra africana, sufre estos días el azote de
una corrupción que está alcanzando la imagen del nuevo
alcalde de Tánger, Fouad El Omary y de su prepotente
formación política, el Partido de la Autenticidad y la
Modernidad (PAM), liderado por el ex alto cargo del
ministerio de Interior Alí El Himma. La propia Brigada
Nacional de la Policía Judicial (BNPJ) ha empezado a
interrogado el viernes 1 de abril a sidi El Omary, estando
en curso más requisitorias para otros miembros de la Baladía.
Y eso que aun no han salido a la luz las oscuras maniobras
con AMENDIS, la voraz empresa de amplio capital francés
encargada de la abusiva gestión de las tasas de luz y agua
que trae de cabeza a la población tangerina y de otras
ciudades del norte, como Tetuán o Martil. Samir Abdelmoula,
el dimitido corregidor, estará a buen seguro frotándose las
manos.
Pero con ser esto grave, no lo es menos la rampante
corrupción urbanística en la que la mafia del ramo presume
sin pudor de tener “comprados” a políticos, jueces y
policías. A veces con complicidad de empresas presuntamente
mafiosas, alguna de capital español como sería el caso de la
gallega MAEXPA (y su filial marroquí, la Societé Medisoleil)
que, en colaboración con la marroquí SPEEDO SARI y para
sorpresa y agobio de los residentes en el inmueble, se las
han arreglado para cambiar el uso de parte de una
urbanización sita en el emblemático boulevard Mohamed VI, en
la ruta del Cabo Malabata: la Residence Bahía Azahar. Y ello
pese a que tras llevar los vecinos el asunto a juicio, su
abogado Abdeslam Sefriou consiguió una sentencia en la que,
por unanimidad, los ponentes del Tribunal votaron el pasado
15 de febrero por la paralización inmediata de las obras.
Pero que si quieres cus-cus, Fatima: a pie de obra, el
capataz responsable del desaguisado presumió ante el
vecindario de que “la policía no va a hacer nada” mientras,
entre las sombras, dos de los responsables de MAEXPA y
SPEEDO SARI, Roberto Souto y Ahmed El Morabit, contemplaban
sonrientes su jugada. Entre los vecinos afectados, además de
marroquíes entre ellos algunos residentes en el extranjero,
se encuentran ciudadanos de nacionalidad norteamericana y
española, que contemplan el asunto como una estafa en toda
regla al valor de sus bienes mientras no aciertan a
comprender cómo, pese a haber una resolución judicial en
firme, las autoridades no actúan para paralizar unas obras
sin duda alguna ilegales. El bloque afectado es el número 4
y, según la documentación existente en mi poder, la
autorización de los trabajos de demolición y cambio de uso
de un espacio comunal (¿quizás para la construcción de una
sala de fiestas encubierta?) habría sido al parecer firmada
recientemente por el propio alcalde de Tánger… Nada bueno en
cualquier caso para la imagen de este bello país que es
Marruecos, pues estas desagradables situaciones desaniman
sin lugar a dudas posibles inversiones extranjeras, pues la
inseguridad existente no deja de comentarse. ¿Qué Estado de
derecho es ese en el que se incumplen las resoluciones de
sus Tribunales…?. Me atrevería a escribir que al alcalde del
PAM, Fouad El Omary, le está creciendo el circo…¡Y el
espíritu primaveral del 20-F clamando en las calles, un día
sí y otro también, contra la corrupción imperante!
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