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El diputado por Ceuta del PP, Francisco Márquez de la Rubia
defendió ayer la postura del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso en el último debate para la tramitación de la
ley de protección de Infrestructuras Críticas y que ha
contado con el respaldo de la Cámara. Márquez ofreció la
explicación del voto de los populares sobre las 20:00 horas
en el atril del Congreso de los Diputados, por vez primera.
El diputado por Ceuta del Partido Popular, Francisco Márquez
ha intervenido oficialmente desde el atril del Congreso
después de haber sido ponente de una proposición de ley,
trascendental para la seguridad de infraestructuras
sensibles en el país, por su condición de vocal de la
Comisión de Interior del GPP y ha sido, por tanto, su
primera gran participación directa en un texto legal como
parlamentario en las Cortes.
El diputado por Ceuta, Francisco Márquez de la Rubia
intervino oficialmente ayer a las 20:00 horas en el Congreso
como portavoz Grupo Parlamentario Popular, en el debate del
proyecto de Ley de protección de Infraestructuras Críticas
que se ha venido tramitando en la Cámara Baja y que ha
vuelto al Congreso tras su paso por el Senado.
El parlamentario ceutí explicó a EL PUEBLO que la protección
de las centrales nucleares españolas y de otras
infraestructuras críticas frente a ataques terroristas
estará recogida en una ley cuya tramitación ha concluido. En
el proyecto de ley se establecen medidas para la protección
de las infraestructuras críticas, desde centrales nucleares
a térmicas, eléctricas, puertos, aeropuertos, refinerías o
plantas petrolíferas.
Este proyecto de ley, cuyo plazo de enmiendas se cerró a
comienzos del pasado mes de diciembre, pretende fijar, según
recoge el texto, “las actuaciones necesarias para optimizar
la seguridad de las infraestructuras, entre las que se
encuentran instalaciones como centrales nucleares,
aeropuertos o estaciones de tren”, dijo. El texto, que
deberá ser desarrollado en un reglamento posterior,
establece cuál deberá ser la relación entre administraciones
(entrarán en juego las comunidades autónomas) para proteger
centrales nucleares y demás instalaciones estratégicas. Con
este fin, la norma crea el Centro Nacional para la
Protección de las Infraestructuras Críticas (Cnpic), que
dependerá del Ministerio del Interior.
Ceuta y Melilla
Se ha logrado, mediante una enmienda introducida por el
Grupo Parlamentario Popular, a través de Márquez y que contó
con el respaldo del Grupo Socialista, “para que las Ciudades
Autónomas de Ceuta y Melilla tengan una participación activa
en la propuesta de declaración de puntos o zonas críticas,
junto con la delegación del Gobierno en ambas ciudades, al
objeto de conseguir una mayor protección de todas y cada una
de las instalaciones críticas ubicadas en las dos ciudades”.
Fundamentalmente, “en atención a su situación geográfica, a
su reducido tamaño y a la acumulación en poco espacio de
diversas infraestructuras críticas”, añadió.
El futuro texto legal, pues, señala que la seguridad de las
infraestructuras críticas exige contemplar actuaciones que
vayan más allá de la mera protección material contra
posibles agresiones o ataques, razón por la cual resulta
inevitable implicar a otros órganos de la Administración
General del Estado, de las demás Administraciones Públicas,
de otros organismos públicos y del sector privado.
El objetivo principal de la ley busca regular la protección
de las infraestructuras críticas contra ataques deliberados
de todo tipo (tanto de carácter físico como cibernético).
Asimismo, el proyecto legislativo se refiere a que los
estados modernos se enfrentan a nuevos riesgos, generados,
en gran medida, por la globalización, y entre los que se
cuentan el terrorismo internacional, la proliferación de
armas de destrucción masiva o el crimen organizado, que se
suman a los ya existentes, de los cuales el terrorismo
tradicional venía siendo un exponente.
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