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La Sección VI de la Audiencia
Provincial de Cádiz en Ceuta acogerá el próximo 31 de mayo
el juicio por el que ocuparán el banquillo de los acusados 6
agentes de la Guardia Civil a los que el Ministerio Fiscal
ha imputado los delitos de prevaricación y cohecho, a fecha
de mayo de 2003. La Fiscalía pide para los procesados 4 años
de cárcel y nueve de inhabilitación más una multa superior a
los 1.200 euros ya que, al parecer, los mismos dejaban pasar
por la frontera mercancías y viajeros sin control.
Seis agentes de la Benemérita deberán esclarecer ante el
tribunal de la Sección VI de la Audiencia Provincial de
Cádiz en Ceuta su presunta relación con el pase de
mercancías y viajeros “sin control” por la frontera del
Tarajal. Hechos que la representante del Ministerio Fiscal
en la ciudad ha calificado como constitutivos de un delito
de cohecho y prevaricación continuada y de los que se podrán
defender los imputados el próximo 31 de mayo y uno de junio,
fechas para las que se ha señalado el juicio en el máximo
órgano judicial de la ciudad.
La Fiscalía ha entendido que los seis acusados, uno de ellos
con la categoría profesional de Sargento y el resto cabos de
la Guardia Civil, durante el año 2003 se encontraban
destinados en la Compañía Fiscal de Ceuta y desempeñaban sus
servicios en la aduana de El Tarajal, encargados del control
e identificación de personas y vehículos que accedían a la
frontera desde Marruecos para su posterior entrada en
España.
Y sin que conste fecha determinada pero al menos desde el
mes de mayo del citado año, los acusados, “puestos en común
y previo acuerdo, urdieron un plan con el ánimo de
enriquecerse injustamente y con dicha finalidad decidieron
desarrollar el ejercicio de sus cargos a cambio de
cantidades de dinero u otros beneficios en especie”, expone
el Ministerio Público en su escrito de acusación.
Al parecer, los procesados exigían a las personas que
trataban de acceder a Ceuta, a través de la aduana, dichas
cantidades o beneficios que posteriormente se repartían y
permitiendo luego la entrada a la ciudad autónoma. Por tales
hechos, la Fiscalía ha solicitado las penas de cuatro años
de prisión, la inhabilitación especial para el ejercicio de
empleo o cargo público al servicio de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado durante 9 años y una multa de 1.200
euros. Además de la inhabilitación especial para el
ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo
de la condena más las costas procesales.
No sólo los seis agentes de la Benemérita comparecerán en el
juicio ya el Ministerio Público también ha imputado a tres
civiles a los que califica como “cooperadores necesarios”, y
por los que pide las mismas penas excepto para uno de ellos
por ser ciudadano marroquí y por el que interesa 10 años de
expulsión del territorio nacional.
Al parecer, estos cooperadores se hallaban en las
inmediaciones de la frontera de El Tarajal y eran los
responsables de negociar el acceso a la ciudad autónoma
entre el transeúnte marroquí y los agentes de la Guardia
Civil cuando, por no ser beneficiarios de un permiso de
circulación válido en España o llevar mercancía en los
vehículos que no hubiesen pasado un control sanitario, no
podía cruzar la aduana.
Hechos investigados
Según las investigaciones efectuadas por las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado, nueve son las fechas
concretas en las que supuestamente se pusieron en práctica
las supuestas conductas “ilícitas” por parte de los
acusados.
El día 20 mayo de 2003, uno de los imputados que prestaba
servicios de control en la frontera negó el acceso de
entrada a la ciudad a un marroquí que carecía de permiso de
conducción válido en España. Pese a ello, y por 41 euros, el
mismo le permitió el paso una vez recibido el dinero a
través de un tercero.
El día uno de agosto de dicho año, uno de los cooperadores
de los agentes en el puesto fronterizo exigió al conductor
de un Renault Express una cantidad de dinero que no consta
determinada en el procedimiento a cambio de permitirle el
paso por la aduana de tal forma que, una vez entregada la
cantidad al Sargento de la Guardia Civil, se le dio paso
permitiéndole el acceso a Ceuta.
Otro de los hechos incluidos por la fiscal en el escrito de
acusación se refieren al 6 de septiembre de 2003 cuando, al
parecer, un ciudadano marroquí llevaba en su vehículo
mercancías cuya entrada en Ceuta requerían un adecuado
control sanitario del que carecían, por lo que uno de los
acusados le negó el paso al conductor hasta que otro de los
cooperadores intervino y le pidió cierta cantidad de dinero,
que al llegar a las manos del agente, dio luz verde al cruce
de la frontera.
En el caso de los tres civiles a los que la Fiscalía sitúa
como cooperadores necesarios, los hechos concretos por los
que se les acusa tuvieron lugar el día uno de agosto de
dicho año, cuando uno de los cooperadores de los agentes en
el puesto fronterizo exigió al conductor de un Renault
Express una cantidad de dinero que no consta determinada en
el procedimiento a cambio de permitirle el paso por la
aduana de tal forma que, una vez entregada la cantidad al
Sargento de la Guardia Civil, se le dio paso permitiéndole
el acceso a Ceuta.
Todos estos hechos tendrán que ser valorados por el tribunal
de la Audiencia Provincial.
Pruebas solicitadas
Para el juicio oral, el fiscal también ha pedido la
declaración de ocho civiles y otros nueve agentes de la
Benemérita en calidad de testigos. Y una vez más, la
audición de varias conversaciones telefónicas interceptadas.
La defensa, por su parte, impugnará las intervenciones
telefónicas que se realizaron sobre los acusados, que
deberán esclarecer ante el tribunal de la Sección VI de la
Audiencia Provincial, órgano designado como competente
después de que el Juzgado de Instrucción número 1 dictase el
auto de apertura de juicio oral, su presunta relación en la
causa.
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