Ser “justiciero” no tiene nada que ver con ser justo.
Incluso es un concepto que choca con el término “Justicia”.
Y la sanción de tres años de inhabilitación o prohibición de
jugar al fútbol impuesta a dos jóvenes jugadores de la
categoría cadetes por una pelea con el árbitro es, a todas
luces desproporcionada ya que choca frontalmente con el
mismo espíritu de la Ley del Menor.
Cierto es que los menores han sido acusados de golpear al
arbitro en el curso de un encuentro, pero no han sido
lesiones graves ni se utilizó una fuerza desproporcionada,
de hecho no tenemos noticias de que se tramite ningún
expediente en el Juzgado de menores y de ser así, tras el
arrepentimiento y la petición de perdón al agraviado más el
pago de la indemnización que pudiere corresponder conforme a
los criterios legales, la pena sería de unos meses de
servicios a la comunidad. Los dos jóvenes jugadores carecen
de antecedentes por hechos similares o por comportamientos
violentos, son deportistas, están acostumbrados a la
disciplina de los entrenamientos, como deportistas jamás han
presentado conductas de riesgo como pueden serlo las
adicciones y su entorno familiar es muy favorable.
Pero, en este caso, las normas federativas sobrepasan y
exceden a la propia ley condenando a unos deportistas, cuyo
futuro y vocación se centran en el deporte “a no hacer
deporte”. Una decisión cavernícola, desfasada, injusta y que
se enfrenta a los fines últimos de la legislación de los
menores ya que en esta, uno de los consejos y medidas que
imponen a los jóvenes es la práctica de deportes por
presentar grandes virtudes terapéuticas e imbuir al menor
del espíritu del esfuerzo y de la disciplina. Se trunca con
esta “sentencia” justiciera el futuro profesional de dos
jóvenes sin que se les de la opción a la reeducación ni a la
rehabilitación, se castiga sin más.
Y nuestro Ordenamiento Jurídico no se mueve en absoluto por
el principio de punición y menos aún cuando se trata de
menores a quienes la sociedad desea educar en valores y
siempre se les ofrece una segunda oportunidad para
enmendarse y rectificar.
Durísima la sanción que, con todo respeto, es arbitraria y
claramente lesiva para los intereses de los jóvenes.
Desproporcionada, abusiva, incoherente en estos momentos
cuando la colectividad apuesta por “reinsertar y recuperar”
que no por castigar causando el máximo daño posible.
Si los tres años de suspensión siguieran adelante y la
decisión no fuera reformada y sustituida por medidas menos
dañinas para los menores, conculcaría todos los principios
que rigen nuestras leyes y nunca una norma deportiva puede
ser contraria a derecho. ¿Indemnización? La que sea
establecida ¿Petición de perdón? Evidente ¿Sanción? Unos
meses sin jugar pero también sin dejar de entrenar. El
deporte es la salida de muchos jóvenes y una terapia para
muchos más, pero truncar el futuro de dos jugadores menores,
cuando ambos están decididos a indemnizar y a pedir perdón
así como a cumplir con una sanción ajustada a derecho, esa
decisión no es justa, sino “ejemplarizante” y justiciera, es
decir, que nada tiene que ver con la Justicia.
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