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El estado del juzgado que se ocupa de la Violencia de
Género, donde las víctimas tienen que aguantar la presencia
e incluso la intimidación de los presuntos agresores y sus
familiares ha llegado a las más altas instancias políticas y
de gobierno de los jueces. Un sindicato ha puesto los hechos
en manos del Ministerio de Igualdad, el Consejo General del
Poder Judicial y el Defensor del Pueblo al que ha pedido que
intervenga. Mientras tanto los funcionarios trabajan a
diario en unas dependencias donde se está haciendo una
pequeña obra de adaptación a la Nueva Oficina Judicial.
Ayer, se encontraron las mesas llenas de suciedad.
El presidente de la Confederación Sindical Independiente y
de Funcionarios (CSIF) en Ceuta, Ricardo Martínez García,
presentó ayer un escrito en la Delegación del Gobierno
dirigido al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la
Secretaría de Estado de Igualdad y el Defensor del Pueblo en
el que denuncia “los graves hechos que están acaeciendo a
consecuencia del modo en que se está desempeñando el
servicio público en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer
de Ceuta”.
CSIF critica que al Ministerio de Justicia “no le han
parecido relevantes” los datos estadísticos que revelan que
en 2010 se tramitaron 482 asuntos de violencia de género
para que Ceuta tenga un juzgado especializado, pero el
sindicato entiende que deber ser así por “su situación
geográfica, tránsito de personas, concurrencia de culturas y
un largo sinfín de derivadas”.
Tal y como EL PUEBLO publicó ayer, la toma de declaración de
las mujeres denunciantes no ofrece las condiciones de
privacidad exigidas legalmente y CSIF concluye que “la
administración la abandona a su suerte, no evitando la
confrontación visual con aquel a quien, con razón tanto
teme, poniéndola cara a cara con su verdugo”.
La organización sindical expone que el juzgado está de
guardia para la violencia de género los 365 días del año y
también está de guardia como juzgado de instrucción cuando
le toca lo que causa que una denunciante comparta espacio
con el maltratador y los detenidos del día por otras causas.
CSIF acusa a “los poderes públicos” de falta de sensibilidad
para con la mujer víctima de violencia machista y asegura
que “les importa bien poco estar contribuyendo de esta
inhumana y degradante manera al sufrimiento y destrucción
personal de la mujer maltratada”. Por último, se dirige al
Defensor del Pueblo para que “adopte las correcciones
necesarias dentro de sus competencias para que cese la
victimización secundaria de la mujer maltratada y para que
en Ceuta se cumpla la legalidad vigente”.
Trabajo y polvo de obra
Horas antes de que se presentara la denuncia, los
funcionarios del juzgado vivieron otro episodio lamentable.
Cuando llegaron a sus puestos de trabajo a las 9 de la
mañana se encontraron las sillas, mesas y expedientes llenos
de polvo y se negaron a iniciar su trabajo hasta que no se
procedió a la limpieza de las dependencias.
“He puesto los codos en la mesa y me los he llenado de
polvo. Ya se trabaja en malas condiciones como para tener
que aguantar esto también”, contó uno de los funcionarios.
Las molestias afectaron más a las tres funcionarias que
tienen sus mesas de trabajo junto a la obra que se está
haciendo. Esta consiste en la ampliación del despacho del
secretario judicial para que tenga los metros exigidos por
la reforma de la Nueva Oficina Judicial (NOJ). Los operarios
encargados de esa pequeña reforma tiraron un muro de
separación entre el despacho y una pequeña dependencia y el
lunes por la tarde colocaron ladrillos para cerrar el hueco
por donde se entraba desde un pasillo a las dos estancias ya
unidas. Los ladrillos sin cubrir de cemento, una cinta de
plástico y la suciedad fue lo que se encontraron los
trabajadores.
“Aquí se está haciendo una obra con el juzgado funcionando.
Trabajan por la tarde, pero esta mañana nos hemos encontrado
el polvo en las sillas, las mesas y los expedientes”,
explicó una de las afectadas, mientras una compañera contaba
que “padezco de asma y hoy cuando he llegado y he visto lo
que hay he tenido que ir a comprar un respirador”.
EL PUEBLO comprobó en la mañana de ayer como las
trabajadoras tramitaban los expedientes que tienen
encomendados y atendían a abogados, procuradores y público
en general. La citada dependencia cumple una triple función,
como el propio juzgado, ya que gestionan asuntos civiles,
penales y de Violencia de Género y la falta de intimidad es
la tónica diaria en este órgano judicial, donde las
denunciantes de malos tratos y los agresores tienen que
prestar declaración en presencia de personas ajenas y sin un
mínimo de privacidad.
La adscripción de las causas por Violencia de Género a este
juzgado, que ya llevaba casos civiles y penales, causó la
acumulación de competencias, expedientes muy diversos y todo
ello en unas oficinas pequeñas en las que trabajan ocho
funcionarios.
Fuentes judiciales señalaron que las 2.532 diligencias
penales que gestionaba el juzgado a finales de 2010 están
por encima de los módulos medios que marca el CGPJ. Además,
se tramitaron el pasado año 482 procedimientos por Violencia
de Género y 300 civiles.
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