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En un sistema democrático cualquier tipo de “linchamiento”
resulta una abominación y es objeto de un rechazo
generalizado.
Una persona o un medio puede atacar una vez a una persona o
a otro medio. Varias personas y varios medios pueden
atacarse entre sí. Pero, unas mismas personas y un mismo
medio no pueden, impunemente, iniciar una especie de ordalía
mantenida en el tiempo y en el espacio “siempre” contra la
misma persona y el mismo medio. Porque la cuerda, a fuerza
de estirar, se acaba rompiendo y los profesionales de la
“persecución y del linchamiento mediático” acaban
sentándose, en calidad de imputados, a prestar declaración
ante un Juez.
Y ahí se acabaron las bromas. Porque, a un profesional de la
Justicia, no sirven excusas ni alusiones airadas invocando
artera e interesadamente a las libertades “de expresión, de
información y de opinión” que existen y necesitamos que
existan, pero que chocan frontalmente con las persecuciones
interesadas y las ordalías publicitadas, porque, “esos”
comportamientos aberrantes, no son más que una antítesis de
las libertades que se reflejan en nuestro Texto
Constitucional y una muestra caricaturesca y esperpéntica de
lo que “jamás” debe ser la información.
Quienes distorsionan por intereses bastardos, los derechos y
las libertades, escudándose y amparándose en su presunto
ejercicio para llevar a cabo conductas ilícitas previstas y
penadas por las leyes , acaban irremediablemente como
imputados, acusados y con unas Diligencias Previas abiertas.
Porque nuestro Ordenamiento Jurídico no deja resquicio a
estas conductas y jamás desampara a la víctima de las
mismas.
Que cada palo aguante su vela. Se acabaron los días de
gloria y de suposiciones de presunta impunidad, ahora toca
declarar…
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OPINIÓN
