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El representante del Ministerio Fiscal solicitó ayer la pena
de dos años de cárcel y una multa de 2.700 euros para el
director de la inmobiliaria ‘Generalife’ por una presunta
estafa mientras que para el colaborador de dicha agencia
requirió cinco años de prisión y una sanción de 5.400 euros,
pena superior para este por reincidencia. Ambos acusados de
culparon mutuamente durante el juicio mientras que el
principal testigo, considerado como “desvirtuado” por el
fiscal, varió sus declaraciones.
Tres viviendas situadas en la calle Leandro Fernández de
Moratín centraron ayer el escenario de debate sobre una
estafa que el representante del Ministerio Fiscal imputó al
director y un colaborador de la inmobiliaria ‘Generalife’,
de la que ambos se declararon inocentes culpándose
mutuamente.
Pese a ello, el fiscal solicitó la pena de dos años de
prisión y una multa de 2.700 euros para el director de la
sociedad mientras que para el colaborador pidió cinco años
de cárcel y una sanción de 5.400 euros al ser reincidente.
En el caso de que los magistrados de la Sección VI de la
Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta los declarase
culpables, deberán indemnizar en la cuantía de 39.200 euros
al principal perjudicado, que intervino en el juicio en
calidad de testigo aunque durante su interrogatorio recayó
en varias contradicciones, por lo que la Fiscalía no dudó en
considerar que estaba “desvirtuado”.
Los hechos se remontan a septiembre de 2008 cuando, según
los testigos, se pusieron a la venta los tres inmuebles sin
conocimiento de uno de los propietarios, y sin tener
constancia de la compra-venta de uno de ellos por parte de
una segunda propietaria. Según esta, cedió las llaves y
escrituras del domicilio número 17 a la inmobiliaria para
que la vendiese pero “nunca supe que se había realizado la
transacción puesto que no me avisaron y luego, al intentar
localizar al director de la misma, sólo me dijeron que había
cambiado de despacho y que no lo podían localizar”.
La otra propietaria, de los portales 13 y 15, aseguró no
tener ninguna relación con la agencia y que había sido su
marido el que había tenido conocimiento de una supuesta
venta ilegal que ella denunció. Este, que también declaró
como testigo, añadió que “estaba enseñando la vivienda a un
posible comprador cuando me dijo que su amigo ya la había
adquirido, poniéndome en contacto con él y mostrándome el
contrato de compra de dicha inmobiliaria, en la que el
propio director negó haber tenido conocimiento de la
operación”. El denunciante y testigo reveló ante el tribunal
que había adquirido dicho solar completo porque, junto a una
sociedad, tenía proyectada la construcción de una mezquita.
En sus primeras declaraciones, dicho testigo apuntó a que
habían sido los dos acusados quienes le habrían mostrado las
viviendas y habían llevado el contrato de compra a la tienda
de su padre, donde además pagó la suma de 37.000 euros.
Aunque ayer, el mismo declaró que sólo había sido el
colaborador el que habría participado en toda la transacción
aun que también reconoció que “tuve otro problema anterior
con el director de la inmobiliaria porque me debía dinero
pero me dejó como fianza un Mercedes porque no me podía
pagar”. Motivo por el que fiscal argumentó que el declarante
“había sido desvirtuado”.
El director de ‘Generalife’ recalcó que no sabía nada de los
inmuebles y “mucho menos” de la compra-venta de los mismos,
inculpando a su colaborador, quien insistió en que el dinero
“se lo quedó” el otro acusado, que también habría estado en
todo el proceso y sobre el que pesaban más acusaciones ya
que “desde esto, han sido más las personas que no denuncian
por estafa”, alegaron varios testigos. Tras los
interrogatorios, el juicio quedó visto para sentencia.
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