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El delegado del Gobierno en Melilla, Gregorio Escobar,
aseguró ayer que el Ejecutivo mantiene una “política
coherente” para controlar los flujos migratorios que hay en
ciudad, basada en el control de las fronteras, la
colaboración con las autoridades marroquíes, la acogida de
los extranjeros indocumentados y la tramitación de su
expulsión por entrar de forma irregular.
Escobar no dio más detalles ni explicaciones sobre la
denuncia pública de Pro Derechos de la Infancia (Prodein),
que hace unos días aseguraba que se habían desplazado a
Melilla miembros de la Embajada de India con la intención de
estudiar los casos de los inmigrantes de ese país que habían
llegado a las dos Ciudades Autónomas.
Al ser preguntado por esta cuestión, Escobar insistió en que
el “planteamiento” que va a llevar a cabo la Delegación del
Gobierno seguirá siendo trabajar de forma “constante” en el
estudio individualizado de los casos” de cada inmigrante, la
acogida humanitaria por “circunstancias excepcionales” y la
repatriación cuando lo determine el proceso administrativo.
Asimismo, el delegado del Gobierno subrayó la “mejora
importante” que ha realizado el Ejecutivo en los medios
técnicos y humanos de la frontera para mejorar el control de
los flujos migratorios y la colaboración con las fuerzas de
seguridad marroquíes.
También hizo hincapié en que el proceso administrativo que
lleva a cabo la Delegación del Gobierno se realiza “con
todas las garantías para las personas que entran de forma
irregular”. Durante su comparecencia de prensa, Escobar
informó de que el CETI de Melilla acoge en la actualidad a
unos 600 extranjeros indocumentados, cifra que se mantiene
en los mismos niveles “de los últimos meses”, lo que permite
realizar “un trabajo adecuado con todas las personas
acogidas”.
Escobar también quiso dejar claro que el CETI tiene
capacidad para acoger a los inmigrantes que han decidido
abandonar el centro para instalarse en chabolas por miedo a
ser repatriados a sus países de origen.
El delegado del Gobierno apuntó que el desmantelamiento de
las chabolas corresponde a la Ciudad Autónoma porque se
encuentran en terrenos del término municipal, lo que obliga
a “cumplir con una serie de requisitos judiciales cuya
instancia corresponde a los propios propietarios de los
terrenos y, en última instancia, a la Ciudad Autónoma”.
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delegación del gobierno
