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La consejera de Asuntos Sociales, Carolina Pérez, defendió
ayer en el Senado la necesidad de la aportación de mayores
recursos por parte del Estado para combatir el paro y la
exclusión social. Pérez realizó estas manifestaciones
durante su comparecencia ante la Comisión de estudio sobre
las nuevas formas de exclusión social como consecuencia del
fuerte incremento del desempleo de la Cámara Alta.
La consejera de Asuntos Sociales, Carolina Pérez, defendió
ayer en el Senado la necesidad de la aportación de mayores
recursos por parte del Estado para combatir el paro y la
exclusión social. Pérez realizó estas manifestaciones
durante su comparecencia ante la Comisión de estudio sobre
las nuevas formas de exclusión social como consecuencia del
fuerte incremento del desempleo de la Cámara Alta, donde ha
expuesto la situación de Ceuta en torno a este asunto.
Tal como se informó en un comunicado de prensa, la consejera
de Asuntos Sociales ha basado esta petición no solo en la
alta tasa de desempleo, sino en las singularidades que se
dan en Ceuta, con un desempleo “que afecta a una población
escasamente formada, que es joven y que lleva mucho tiempo
en paro”.
Sin embargo, y como ha expuesto Carolina Pérez ante los
grupos parlamentarios del Senado, como consecuencia de los
ajustes presupuestarios, las aportaciones del Estado que
recibe la Ciudad para políticas sociales están descendiendo.
Inversión de 31 millones
Pese a ello, “la apuesta del Gobierno de la Ciudad para
combatir el paro y la exclusión social es clara”, resaltó la
consejera en su comparecencia, de una hora de duración. Así
lo demuestran los 31 millones de euros que la Ciudad
destinará este año a políticas de asistencia social, salud
pública, atención a mayores y atención a menores tutelados o
los 13 millones que irán a parar a educación entre ayudas
para los estudiantes, mantenimiento de centros escolares y
la financiación de la UNED, de la Escuela de Idiomas y del
Conservatorio de Música.
De este último gasto, Pérez señaló que se produce “pese a
que la Ciudad carece de competencias formales en educación,
al igual que ocurre con el empleo, otra área prioritaria
para el Ejecutivo”, con destacados esfuerzos en políticas
propias de desarrollo laboral (4 millones de euros de
presupuesto), Plan de Empleo (un millón de euros), ayudas a
empresas y al autoempleo (un millón) y colaboración social
(800.000 euros). En total, más de 10 millones de euros para
políticas activas de empleo de las que en 2010 se
beneficiaron alrededor de un millar de personas.
En este sentido, la consejera resaltó la importancia de la
formación como vía para luchar contra el paro y, por tanto,
contra la exclusión social. Además, hizo mención al alto
fracaso escolar que padece la ciudad autónoma y defendió la
necesidad de medidas especiales combatirlo.
Entre las políticas sociales puestas en marcha por la
Ciudad, la consejera no se olvidó en su comparecencia de
citar el Ingreso Mínimo de Inserción Social (IMIS), una
renta de la que se benefician cada mes unas 100 familias y
que se cree que va a aumentar como consecuencia de la
desaparición de la ayuda estatal de los 426 euros. Esta
cifra hay que unirla a las 376 unidades familiares que están
inmersas en el programa de alojamiento alternativo que
gestiona la Consejería de Asuntos Sociales.
Por último, Carolina Pérez mostró su “satisfacción” por una
comparecencia que fue “muy bien acogida” por los grupos
parlamentarios. De hecho, de los 60 minutos durante los que
se prolongó su intervención, 35 fueron para responder a las
preguntas de los senadores.
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La Comisión celebrada en la Cámara Alta tuvo tres
comparecencias, la primera, de la consejera ceutí
La ‘Comisión Especial de estudio
sobre las nuevas formas de exclusión social como
consecuencia del fuerte incremento del desempleo’ se reunió
ayer en la Cámara Alta entre las 11.30 y las 16.000 horas,
con un orden del día que incluía tres comparecencias. La
primera de ellas fue, a petición del Grupo Popular, la de la
consejera ceutí. A continuación, y a petición del Grupo
Socialista, habló la directora general de Servicios Sociales
de la Junta de Andalucía, Ana María Gómez. Por último,
también por el GPS, intervino el director del Instituto
Aragonés de Servicios Sociales, Juan Carlos Castro.
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aportaciones
