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El Juzgado de Instrucción número 4 de Melilla ha reiterado
la imputación de los líderes de CPM y PSOE, Mustafa Aberchan
y Dionisio Muñoz, respectivamente, por un delito electoral
relacionado con la supuesta compra de votos en los comicios
generales de 2008. Tras la suspensión de la toma de
declaraciones, prevista para toda esta semana, para
garantizar el derecho de defensa de los imputados, el juez
ha emitido un nuevo auto, en el que se establecen las nuevas
fechas de citaciones y en el que se concretan los delitos de
los que se acusa a cada procesado.
En total son 27 los imputados por un delito electoral
continuado, a cinco de los cuales se le acusa, además, de un
supuesto delito de falsedad y entre los que se encuentran
los líderes de CPM y PSOE, además del diputado Amin Azmani y
de secretario de Organización de Juventudes Socialistas de
Melilla, Sergio Rodríguez.
También figuran en la lista la diputada socialista Celia
Sarompas, la directora del CETI, Rabea Aomar, o el ex
vicesecretario general del PSOE de Melilla y actual
secretario general de UGT, Alonso Díaz.
Las diligencias previas se iniciaron en marzo de 2008 para
investigar un supuesto delito electoral, ampliado
posteriormente a un delito contra la Administración Pública.
El juez considera que la investigación realizada a raíz de
este hecho ha puesto de manifiesto, indiciariamente, la
existencia de un “entramado” conformado por diversas
personas que han pretendido la “obtención ilegítima” de
votos a favor de la coalición CPM-PSOE, incumpliendo los
trámites establecidos para el voto por correo y que
comprende distintas fases.
Estas fases van desde la solicitud del voto mediante
“dádivas, promesas o remuneraciones directas”, consistente
en la promesa o concesión de un puesto de trabajo en los
planes de empleo dependientes de la Delegación del Gobierno;
el incumplimiento de los trámites establecidos para el voto
por correo mediante su “manipulación directa” o la remisión
de cartas falsas como efecto llamada o en confirmación de
las promesas realizadas.
Asimismo, el auto hace referencia a la “alteración o
incumplimiento” de los criterios establecidos para la
atribución de puestos de trabajo de los citados planes, con
objeto de dar “preferencia” a las personas que votaron a CPM-PSOE
o que prestaron servicios para dicha coalición.
En su nuevo auto, el juez determina también protección
policial para dos de los imputados, una ex dirigente
socialista y un asesor, que han colaborado con el
procedimiento y que han denunciado estar siendo objeto de
amenazas.
Los imputados tendrán que comparecer los días 9, 10 y 11 de
marzo.
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