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El juez del Juzgado de Instrucción número 4 de Melilla
suspendió ayer la declaración del secretario general del
PSOE local, Dionisio Muñoz, y de la secretaria de
Movimientos Sociales, Nora Hammad, para garantizar su
derecho de defensa, ha asegurado la portavoz del Comité
Electoral, Rosa López Ochoa. El líder socialista acudió en
torno a las 09:00 horas de la jornada de ayer a declarar
como imputado por un supuesto delito electoral cometido en
las elecciones generales de 2008, relacionado con la compra
de votos por correo a cambio de puestos de trabajo.
El juez del Juzgado de Instrucción número 4 de Melilla
suspendió ayer la declaración del secretario general del
PSOE local, Dionisio Muñoz, y de la secretaria de
Movimientos Sociales, Nora Hammad, para garantizar su
derecho de defensa.
En un comunicado, López Ochoa ha informado de que Dionisio
Muñoz ni siquiera ha iniciado su declaración debido a la
necesidad de que el derecho de defensa debe estar
garantizado.
“De producirse una indefensión, podríamos estar ante la
nulidad de las actuaciones”, ha matizado la portavoz del
Comité Electoral.
Según la socialista, su partido sigue colaborando con la
Justicia, en cuanto en tanto la tramitación siga su curso
normal en los próximos días.
Además de Muñoz y Nora Hammad, ayer tenían que comparecer
como imputados el presidente de Coalición por Melilla (CPM),
Mustafa Aberchán, y varios miembros de su familia, aunque
las comparecencias se han pospuesto por motivos personales.
Las diligencias previas
Las diligencias previas se iniciaron en marzo de 2008 para
el descubrimiento e investigación de un supuesto delito
electoral, ampliado posteriormente a un delito contra la
Administración Pública.
Según el auto de imputación, el procedimiento surge a partir
de la remisión en masa a la ciudadanía de unas cartas
“falsas” con motivo de los comicios generales celebrados en
marzo de 2008.
El juez considera que la investigación realizada a raíz de
este hecho ha puesto de manifiesto, indiciariamente, la
existencia de un “entramado” conformado por diversas
personas que han pretendido la “obtención ilegítima” de
votos a favor de la coalición CPM-PSOE, incumpliendo los
trámites establecidos para el voto por correo y que
comprende distintas fases.
Estas fases van desde la solicitud del voto mediante
“dádivas, promesas o remuneraciones directas”, consistente
en la promesa o concesión de un puesto de trabajo en los
planes de empleo dependientes de la Delegación del Gobierno;
el incumplimiento de los trámites establecidos para el voto
por correo mediante su “manipulación directa” o la remisión
de cartas falsas como efecto llamada o en confirmación de
las promesas realizadas.
Asimismo, el auto hace referencia a la “alteración o
incumplimiento” de los criterios establecidos para la
atribución de puestos de trabajo de los citados planes, con
objeto de dar “preferencia” a las personas que votaron a CPM-PSOE
o que prestaron servicios para dicha coalición.
El martes, el líder del PSOE local criticó el proceso y dijo
que los socialistas están siendo “víctimas de una
persecución en toda regla”, ya que tanto ellos como miembros
de CPM se han visto “seguidos, vigilados y con los teléfonos
intervenidos” por una brigada “especializada en perseguir el
crimen organizado y el terrorismo internacional”.
Muñoz comparó este procedimiento con el caso ‘Watergate’
cuando el presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, a
través de unos colaboradores, intentó espiar a la oposición
política para destruir su estrategia.
En este caso, según Muñoz, ha sido el presidente del PP y de
la Ciudad Autónoma, Juan José Imbroda, el que ha realizado
dicha maniobra en la que, según el PSOE, “ha tenido la
suerte de contar con un juez para realizar ese espionaje”.
De momento, han comparecido en el juzgado varios miembros de
la ejecutiva socialista, entre ellos el diputado autonómico
Amin Azmani o el responsable de Política Municipal, Gabriel
Jiménez, aunque hasta ahora hay unos 27 imputados.
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