|
El encuentro con un antiguo
alumno, me recuerda el ambiente en que se desarrolló su
escolarización, en un cuarto curso de la iniciada Ley del
70. Oficialmente, y por primera vez en mi Centro “Convoy de
la Victoria”, convivieron alumnos y alumnas en la misma
aula. Se trataba de una experiencia, con acuerdo de la
normativa de la citada Ley. Un grupo de más de cuarenta
alumnos y alumnas.
No se trataba de mi primera experiencia, ya que con la
anterior Ley de Instrucción Pública, en mi primer colegio,
en Barbate, llevé la responsabilidad de otro grupo similar,
en este caso con alumnos y alumnas de 6º y 7º Nivel. Una
experiencia muy positiva, en lo que se empezó a llamar
coeducación.
Mi antiguo alumno no tuvo dificultades para identificarme
–yo si que no lo reconocí, ya que habían transcurrido unos
35 años, pero la profusión de datos que me hizo, de
inmediato me situó en aquella clase con alumnos y alumnas-.
Él mismo me recordó algunas anécdotas que confirmaron que,
en efecto, su memoria no le fallaba. Viví unos felices
minutos, aportados por el feliz encuentro con él.
Ahora, después de transcurridos muchos años, con algunas
leyes por medio LOGSE, LOCE y LOE, continuadoras de la LEY
del 70, con el consiguiente desacierto, el Gobierno actual
quiere prohibir la subvención en “Educación Diferenciada”,
aquella que se centra en exclusiva en alumnos o alumnas.
También llamada segregada.
El anteproyecto de Ley de Igualdad que ha aprobado
recientemente el Consejo de Ministros, para su remisión al
Parlamento, incluye un artículo sobre la Igualdad en el
ámbito educativo, que prohíbe a los mencionados centros
recibir subvenciones para ser concertados.
La retirada del concierto público a los colegios de
educación diferenciada es una antigua reivindicación de los
Sindicatos y Asociaciones de padres laicos, que en los
últimos años han aumentado la presión sobre los colegios
segregadores. En la actualidad, la mayoría de estos centros
están en Cataluña (15), Andalucía (12) y Madrid (9), aunque
con los que existen en otras Comunidades, se totalizan 67,
que, a nivel nacional, representan una cantidad
insignificante para que se origine un problema preocupante.
El Gobierno quiere impedir por Ley la selección excluyente
de alumnos por cuestiones de “sexo, origen racial o étnico,
discapacidad, edad, religión o creencia y orientación
sexual”, que practican algunos colegios.
El artículo 16 del anteproyecto de la Ley Integral para la
Igualdad de Trato y la No Discriminación, anuncia la
retirada de la financiación pública a los centros
concertados que no asumen alumnos por ser inmigrantes o que
sólo admitan a estudiantes de un género. Se matiza que la
Ley pretende eliminar la denominación de los colegios que
sólo admiten alumnos de un solo sexo, pero no prohíbe
expresamente la educación diferenciada de niños y niñas (con
esta normativa los colegios privados no están obligados a
cumplirla. Los colegios públicos que discriminen en la
admisión de un alumno, también se someterían a las
sanciones. No se especifica qué tipo de sanciones serán).
Por otro lado, el M.E. negocia con los Sindicatos y la
Patronal de Colegios privados y concertados un nuevo decreto
que renueva la regulación de la escuela concertada. Con
ello, se trata de evitar que el 90% de los alumnos con
dificultades, en especial, inmigrantes, sean matriculados en
la escuela pública, según datos sobre el actual curso. Se
pretende evitar el desvío masivo de familias más
desfavorecidas a la escuela pública.
Para algunos especialistas en educación, ¿existe algún
motivo pedagógico para prohibir la subvención en centros
concertados, al llevar a cabo en sus aulas la educación
diferenciada? Más bien lo contrario. Los estudios que
existen sobre la materia apuntan a la idoneidad y los buenos
resultados académicos de este modelo educativo, que están
sobre un 71,4%.
Y todo esto existe cuando no hay más remedio que recurrir al
Informe Pisa, porque nos dicen que la enseñanza en nuestro
país está por debajo de la media de la OCDE, y no sería
conveniente prohibir un modelo con buenos resultados
académicos.
En el tema de la igualdad, el objetivo es prohibir la libre
decisión de los padres de querer para sus hijos “educación
diferenciada”, imponiendo sanciones, ya que negar los
conciertos es abocar a los padres a añadir a sus muchos
impuestos los gastos que ocasiona la educación privada,
opción a la que se verían dirigidos los padres que,
lamentablemente, no creen en la pública.
En otros países, caso de Estados Unidos, ocurre lo
contrario. En virtud de una política apoyada por el
Gobierno, se vienen aumentando su respaldo y subvenciones
para los colegios públicos (no existen los concertados
propiamente dichos) que segregan a sus alumnos por género.
Bajo el argumento de que ese tipo de educación puede
resultar más eficaz y beneficioso, tanto para los niños como
las niñas, no mezclados. También en Europa los casos de
Inglaterra, Alemania, Italia, Francia…
Con fecha 21-11-2007, y con el título de “Educación
diferenciada”, expuse en las páginas de este Diario, un
estudio argumentado sobre la conveniencia de llevar a cabo
este tipo de agrupamiento. En uno de los párrafos manifesté:
“Como síntesis, el niño no debería ir a la escuela mixta
porque ahí se desprecian los ritmos de aprendizaje y se pasa
de la igualdad al igualitarismo absoluto… se ignoran las
diferencias que marcan su forma de aprender y perdiendo una
oportunidad estupenda para potenciar la posibilidad de cada
sexo”.
|
OPINIÓN / EL MAESTRO
