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No es la primera vez que comparto
con los lectores de este medio de comunicación mis
reflexiones sobre la proliferación de actos vandálicos
protagonizados por un número reducido de incívicos vecinos
de la barriada del Príncipe. Actos vandálicos, que atentan
gravemente tanto, contra la integridad física de los propios
vecinos del barrio como, contra la de los que allí
desempeñan unas labores profesionales esenciales en
beneficio del vecindario; transporte sanitario, transporte
público, bomberos, servicios de limpieza, Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado y Policía Local. Trabajadores, que
han sufrido en innumerables ocasiones las consecuencias
directas de unos ataques que les han provocado importantes
secuelas físicas y psíquicas.
Sin embargo, en esta ocasión me pronunciaré respecto a las
penúltimas manifestaciones protagonizadas por los portavoces
de la coalición Caballas en relación a los últimos ataques
protagonizados por unos jóvenes delincuentes contra los
autobuses de la empresa concesionaria del servicio público
de transporte a pesar, de la presencia de la Policía local
así como, de los miembros de las brigadas cívicas de la
barriada en el interior de los autobuses afectados. Unas
manifestaciones en las que han responsabilizado de estos
incidentes a una presunta mala gestión en la prestación del
servicio por parte de la empresa concesionaria.
En este punto, debo puntualizar que la empresa en cuestión
fue galardonada por la Federación Provincial de Asociaciones
de Vecinos por la extraordinaria labor desarrollada en
beneficio de los vecinos de Ceuta sin exclusión alguna así
como, por las innovaciones introducidas en la prestación de
este servicio esencial. Una empresa, que emplea a 85
trabajadores y que en los últimos años ha renovado su flota
de autobuses con seis nuevas unidades. Un servicio público,
que demuestra el compromiso con los jóvenes estudiantes de
la barrida mencionada duplicando el número de autobuses que
realizan el trayecto hasta la barriada (línea 8) durante el
horario de salida de los centros educativos.
No obstante, debo señalar que el cúmulo de despropósitos no
finaliza con estas acusaciones puesto que, finalizan su
intervención planteando como solución definitiva al problema
de los atentados contra los autobuses municipalizar el
transporte público, evidenciando una nueva incongruencia de
unos líderes políticos, que unas veces cuestionan la
existencia de las empresas municipales y de los organismos
autónomos y sin embargo, al día siguiente plantean la
municipalización de un servicio que recibe la valoración
satisfactoria de sus usuarios. Además, debo puntualizar que
en aquellas ciudades españolas donde este servicio se
encuentra municipalizado, dichas empresas presentan cuentas
negativas mientras en nuestra ciudad, la empresa
concesionaria presenta cuentas positivas. Los lectores de
esta columna deben conocer, que los dirigentes municipales
de ciudades como Madrid o Málaga trabajan infructuosamente
en la privatización de dicho servicio como consecuencia
directa de la situación de quiebra técnica de los mismos.
En definitiva, existen dos visiones bien diferenciadas en
relación a una problemática que afecta esencialmente a los
vecinos de esta populosa barriada. Por un lado, quienes
entienden que nos encontramos ante una situación compleja,
que requiere de una intervención multidisciplinar y por otro
lado, quienes aprovechan estas circunstancias lamentables
para desgastar a las formaciones políticas que sustentan
tanto, al Gobierno de la nación como, al Gobierno
autonómico. Sin ninguna duda, la solución definitiva no se
alcanzará mientras existan intereses electoralistas que se
antepongan al interés general.
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OPINIÓN / AL SUR DEL SUR
