|
Que Caballas no se altere : La seguridad de El Príncipe sí
se puede garantizar.
De eso no cabe la menor duda, porque en parte alguna de la
geografía española, unos pandilleros, son los sujetos
idóneos para “echarle un pulso” a “todas” las instituciones
de una ciudad. Y encima ganar el pulso.
La respuesta a las grimosas acusaciones de la rueda de
prensa convocada por la coalición Caballas, siempre en su
línea de catastrofismo demagógico y de insustancial y vacía
negatividad, es muy simple : Que la Delegación de Gobierno
decida acabar con los “actos vandálicos” y ordene a las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado actuar con
contundencia, exactamente igual que cuando, en la Península,
intervienen en los focos conflictivos y con idénticos
operativos.
Suponemos que esa es la pretensión de Caballas cuando
“acusa” a la Delegación de Gobierno y pregona su incapacidad
para solventar un problema de orden público y de seguridad
ciudadana.
Lógico que, si Caballas lo pide, lo exige y lo reitera, el
Delegado responda ordenando un macrooperativo como los que
se montan a lo largo de todo el territorio nacional cuando
hay que erradicar un foco de conflicto y enviar a los
conflictivos ante el Juez y de allí, preferiblemente a
prisión alegando la alarma social que causan ese tipo de
hechos y la reiteración de estos mismos hechos, así como la
posibilidad de sustracción a la acción de la Justicia por
parte de los imputados. Todas esas son causas que motivan la
adopción de la medida de prisión preventiva sin fianza.
El Delegado de Gobierno ordenando montar un dispositivo y
los de la coalición Caballas satisfechos ante el despliegue
de furgones de detenidos y de policías de negro y con
cascos. Eso es lo que desea toda la ciudadanía y no solo
Caballas, por mucho que ellos hayan sido los últimos en
reivindicarlo, adentrándose, sin proponérselo, en el
proceloso y movedizo terreno de “los derechos” de
determinados miembros de ciertas minorías cuyo incivismo,
salpicado de victimismo, llega al extremo de considerar
cualquier actuación policial como una especie de
“provocación”. Algo inasumible por el resto de la
ciudadanía.
Caballas pide actuaciones contundentes. Y eso va mucho más
allá del manido tema de los autobuses y del derecho, que
todos conocemos, de los ciudadanos, de contar con medios de
transporte. Idéntico derecho que el que tienen los escolares
de centenares de pequeños pueblos y núcleos rurales de toda
España, la diferencia es que, muchos de esos niños, tienen
que andar a veces kilómetros para acceder a la parada de
autobús escolar más cercana ,en ocasiones con la nieve por
los tobillos. De hecho, “todos” tenemos derecho a “todo” el
intríngulis en que nos lo den o no nos lo den.
Y en Ceuta se da. Pese a la respuesta salvaje de
determinados elementos. Respuesta que requiere y demanda una
actuación coordinada por parte de la Policía Nacional y
Local y una inmediata intervención de la Fiscalía de
Menores, como acontece de forma sistemática en cualquier
ciudad. Los pandilleros no son un problema. No “pueden”
serlo porque el sistema ofrece una serie de mecanismos que
se ponen en marcha de forma automática en cuanto existe la
sospecha de una “situación de riesgo”. Caballas debe desear
la intervención del Grupo de Menores de la Policía Nacional,
la puesta a disposición del Juzgado y la Fiscalía, la
evaluación de la familia para constatar si los jóvenes
pertenecen a un núcleo con factores de riesgo, el examen de
los psicólogos y caso de comportamiento delictivo habitual,
fracaso escolar, absentismo y demás elementos que pudieren
predicar algún tipo de abandono del menor por parte de la
familia, la intervención que señala claramente la ley.
De hecho, en el marco de la rueda de prensa ofrecida, donde
se llegaron a pedir “distintos tipos de transportes” para
barriadas según sean las calles más anchas o más estrechas,
refiriéndose sin duda a “personalizar” el transporte y
utilizar hasta motos para callejear con los usuarios (que
tomen ejemplo en Europa, “eso” no se le había ocurrido
todavía a nadie) autobuses grandes, medianos, microbuses y
motobuses, según adonde se dirija cada cual y encima
“municipalizarlo” y “abaratarlo”. Llevan razón, lo próximo
que se les ocurrirá será “abaratar y municipalizar” los
supermercados y el Eroski porque sabido es que se lucran en
demasía. Pero, repito, lo auténticamente sustancial fue el
órdago lanzado al Delegado de Gobierno, al Presidente, a la
Policía Nacional, a la UIR, al Fiscal Jefe, a los Jueces y a
la Fiscalía de Menores para que cumplan con su deber de
“garantizar la seguridad” y erradicar totalmente el
vandalismo y la ilegalidad . Vaticinamos que, el órdago se
aceptará. Ya.
* Abogada y periodista.
|
OPINIÓN
/
COLABORACION
