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El pago de 360 euros de multa será la pena a la que deberá
hacer frente una mujer que ayer reconoció ante el juez de lo
Penal haber sido autora de un delito contra la
Administración de Justicia.
Al parecer, la acusada denunció en Comisaría el 2 de octubre
de 2009 el robo de su ciclomotor, que habría dejado en la
calle Ramírez Yuste. Sin embargo, dicho vehículo había sido
intervenido por la Policía marroquí en la frontera del
Tarajal tras la detención del sobrino de la misma.
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