El Gobierno extendió los recortes salariales de los
funcionarios a los empleados de las Mutuas de Accidentes de
Trabajo y Enfermedades Profesional de la Seguridad Social (MATEPSS).
Lo hizo en un decreto de la Seguridad Social, recurrido por
UGT y que ahora está en el aire al pedir la Audiencia
Nacional al Tribunal Constitucional quelo analice.
La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional dictó ayer un
auto en el que plantea formalmente una cuestión de
constitucionalidad sobre el Real Decreto Ley 8/2010 por el
cual se recortaron un 5% los salarios de los funcionarios de
las mutuas.
La percepción de los magistrados es que el decreto podría
vulnerar el derecho a la libertad sindical recogido en los
artículos 7 y 28.1 de la Constitución, en relación con el
derecho a la negociación colectiva, regulado en el artículo
37.1 de la Carta Magna.
Los recortes salaries se vienen aplicando desde la nómina de
junio de 2010 al igual que a los funcionarios y afectan a la
plantilla de 200 personas de la Mutua de Ceuta y Andalucía.
La Federación de Servicios Públicos de UGT, que planteó una
demanda de conflicto colectivo tras entrar en vigor el
decreto, valoró ayer positivamente el auto y acusa al
director general de la ordenación de la Seguridad Social de
no reconocer el Convenio Nacional de Seguros, Reaseguros y
Mutuas de Accidente legitimado legalmente desde hace 30
años.
El sindicato estima que solo “desde el absoluto
desconocimiento” de la negociación colectiva “se pueden
perpretar semejantes ataques a las condiciones laborales de
los trabajadores de las mutuas”. UGT pide al secretario de
estado de la Seguridad Social que paralice los recortes
salariales y los despidos que se están produciendo.
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