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Cuatro años y un día de prisión y una multa de 281.853
euros, con noventa días de responsabilidad personal
subsidiaria, fueron las penas solicitadas por el portavoz
del Ministerio Público para un joven que se sentó en el
banquillo de los acusados del Juzgado de lo Penal por un
delito contra la salud pública y del que se declaró inocente
ante el juez.
Los hechos tuvieron lugar el pasado 14 de noviembre, sobre
las 14:00 horas, en la zona de preembarque de vehículos de
la Estación Marítima, cuando el can de la Guardia Civil
localizó droga en la furgoneta conducida por el acusado. Al
parecer, en el interior del vehículo había varios muebles
así como algunos electrodomésticos aunque en los laterales
del mismo habían construido unos paneles en la misma chapa
para ocultar 60 kilos de hachís que los agentes de la
Benemérita intervinieron. A este respecto, los guardias
civiles que comparecieron en el juicio en calidad de
testigos aseguraron que la droga no desprendía olor alguno y
que no se reconocía a simple vista. Y que, además, la
furgoneta no aparecía como robada pero tampoco su
propietario la había reclamado. Argumento que utilizó la
defensa para partir una lanza a favor del acusado, que había
señalado que el propietario de la misma había viajado con él
desde Francia y que al regreso manifestó que debía coger un
avión por motivos personales en lugar de cruzar el Estrecho
en barco junto al encausado.
Este reiteró en su declaración desconocer que en la
furgoneta hubiese 60 kilos de hachís, cuyo valor en el
mercado es de unos 90.000 euros, y que su cometido era
transportar hasta Francia unos muebles y electrodomésticos
ya que su profesión era conductor libre. El relato de los
hechos del procesado respondió a todas las dudas suscitadas
por la Fiscalía. “Pacté con un tercero viajar hasta
Marruecos para comprar un salón y varios objetos. Paramos en
Fuengirola para descansar y luego él se marchó,
devolviéndome la furgoneta tras pasar la frontera. Estuvimos
en contacto todo el tiempo a través del teléfono móvil pero
después de mi arresto, nadie consiguió dar con él”. Versión
que la abogada aprovechó para atacar al Ministerio Pública
ya que “la prueba directa hubiera sido comprobar en el
teléfono el nombre de esta persona y las llamadas y no se ha
hecho tal labor”.
Tras las declaraciones del acusado y los testigos, el
titular del Juzgado de lo Penal número dos dejó el juicio
pendiente de sentencia.
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droga
