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La adjudicataria de la gestión de la Planta de Transferencia
de Residuos Sólidos Urbanos, Urbaser, ha iniciado la
renovación de las instalaciones, una medida que según
destaca la consejera de Medio Ambiente y Servicios Urbanos,
Yolanda Bel, formaba parte de pliego de condiciones del
contrato. Además, se construye un muro y se realizarán
trabajos de limpieza vertical en el acantilado sobre el que
se sitúan.
La empresa adjudicataria del contrato de gestión de la
Planta de Transferencia de Residuos Sólidos Urbanos (RSU),
Urbaser, ha comenzado el proceso de renovación de sus
instalaciones. Según confirmó ayer la consejera de Medio
Ambiente y Servicios Urbanos, Yolanda Bel, esta medida
formaba parte del pliego de condiciones de la adjudicación,
llevada a cabo el pasado verano con una vigencia de cuatro
años prorrogables en dos más y con un presupuesto de 27
millones de euros.
Ayer mismo llegaba a la planta, en grandes camiones, parte
del material, entre otros, nuevas tolvas y diversos
elementos que conforman las instalaciones, y que junto con
los contenedores constituirán los medios materiales que
Urbaser habrá de ir renovando.
Además de ello, y según subraya también la consejera, la
concesionaria de este servicio público está llevando a cabo
la construcción de un nuevo muro perimetral cuyo principal
cometido es evitar el acceso a las instalaciones de la
planta de transferencia, ubicada en el Monte Hacho, de
inmigrantes que tratan de ocultarse en los camiones de
residuos con el objetivo de trasladarse de forma ilegal a la
Península. Estos intentos han causado la muerte de un
inmigrante, aplastado por la carga de uno de los camiones el
pasado 28 de diciembre.
Limpieza del acantilado
Junto a esta importante función, el muro, de fábrica de
hormigón, servirá también, indica Bel, para evitar la
dispersión de los residuos, a causa del efecto del viento y
la lluvia, por las inmediaciones de la planta. Como
complemento de estas actuaciones está prevista también por
tanto la realización de trabajos verticales de limpieza en
el acantilado sobre el que se sitúa la Planta, la zona más
afectada por estos vertidos y protegida como zona LIC y Zepa.
La nueva adjudicataria de la explotación de la planta que
transfiere los residuos de Ceuta a la Península comenzó a
operar el pasado 12 de agosto. Su oferta resultó la más
económica, pues el contrato salió a licitación por 33,6
millones. Por tanto, tal como destacó entonces Bel, se
trataba de la opción “más rentable” para la ciudad, dada
además “la solvencia y experiencia demostradas” por la
empresa en la gestión de plantas de similares
características tanto en España como en otros países.
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medio ambiente
