Sabemos que nos encontramos en plena precampaña electoral.
Pero ello no significa que todo valga en política y aunque
algunos hayan hecho del insulto, los malos modos y la falta
de educación su manera de contestar a sus contrincantes de
otras siglas, los ciudadanos no tienen la obligación de
aguantar por más tiempo esas maneras de diferenciar las
opiniones contrarias.
Hace unos días, la portavoz del Gobierno y consejera de
Medio Ambiente y Servicios Urbanos, Yolanda Bel, se
encontraba en la rueda de prensa que se celebra tras el
Consejo de Gobierno y un periodista le preguntó su opinión
sobre la alegación presentada por el PSOE a los Presupuestos
que pasaba por la reducción del número de Consejerías y
cargos de confianza. La consejera, en su derecho y libertad
de opinar, dijo que si de verdad los partidos de la
oposición deseaban una mayor política de austeridad podían
comenzar por renunciar a los seiscientos euros que cada vez
perciben sus portavoces.
Esta idea, que como tal se puede estar de acuerdo o en
desacuerdo con ella, sirvió para que el portavoz de la UDCE,
Mohamed Alí, presentara urgentemente una alegación para que
todos los diputados renunciaran a las cantidades que
perciben por su asistencia a pleno y comisiones. Luego han
ido más lejos y lo han introducido en el programa electoral
con el que se presentaran a las próximas elecciones.
Hasta ahí, se puede entender como una posición política,
desde luego, no muy asumida y razonada, porque nace con
rapidez por una posición personal defendida por la portavoz
del Gobierno. Y han de pensar que conectan de esta manera
con la ciudadanía, porque, de pronto, a golpe de impulso,
incluyen esa propuesta en su programa electoral. No es la
mejor manera de preparar un programa que se presenta a los
ciudadanos. Perfilarlo a golpe de impulso ni es decente de
cara a la ciudadanía, ni es la mejor tarjeta de visita para
intentar convencer a los ceutíes.
Pero yendo al fondo de este artículo, resulta que cuando Alí
conoce la propuesta de reducción de esos seiscientos euros
por parte de los portavoces de los partidos de la oposición
utiliza un calificativo que es más una injuria que un
insulto. Es más un delito que una opinión realizada en el
fragor de las diferencias políticas.
Una situación que no favorece para nada a la convivencia
política entre las diferentes formaciones que participan en
la Asamblea autonómica. Apoyamos la decisión que ha adoptado
la portavoz del Gobierno de no contestar más a las opiniones
vertidas por la UDCE, porque ya está cansada de los
insultos, las malas artes y la falta de educación en la vida
política. En su condición de portavoz ha tenido que salir ya
al paso, en muchas ocasiones, de acusaciones totalmente
infundadas contra distintos miembros del equipo de gobierno.
Acusaciones de la comisión de delitos sin ningún tipo de
pruebas, y sin cumplir con ese deber sagrado de acudir al
Juzgado si se entiende que se ha producido algún tipo de
ilícito penal.
Aquí todo vale contra el Partido Popular, cuyo único pecado
ha sido ganar dos elecciones por mayoría absoluta porque así
lo han querido los ciudadanos de Ceuta. Aquí todo vale
contra el Partido Popular, cuyo único pecado ha sido
transformar esta ciudad durante los diez años de mandato del
presidente Vivas. Aquí todo vale contra el Partido Popular,
cuyo único pecado ha sido invertir en infraestructuras,
mejorar los servicios públicos que son competencia del
Ayuntamiento y preocuparse por mejorar la cohesión social de
la población.
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