Seis meses de prisión, dos años de alejamiento e
incomunicación y dos más de prohibición al porte y la
tenencia de armas fueron las penas solicitadas por la
representante del Ministerio Fiscal en la ciudad para un
hombre al que acusó de un delito de amenazas. La defensa,
por su parte, pidió al magistrado del Juzgado de lo Penal
número 2 la absolución de su cliente poniendo en tela de
juicio la denuncia de la supuesta víctima ya que dichas
amenazas se realizaron a través del teléfono móvil pero
“nadie ha dado parte de las llamadas puesto que se supone
que la hija común las borró pero se hubieran obtenido
solicitando dicha información al operador”, alegó el abogado
defensor.
Según las declaraciones realizadas durante el juicio de
ayer, el acusado y la denunciante estuvieron casados aunque
actualmente se encuentran separados teniendo hijos comunes
por los que él debe pasar una pensión alimenticia. Durante
su interrogatorio, el imputado negó tanto a la fiscal como
los abogados haber dicho a su ex mujer que “el día menos
pensado te vas a enterar”, y también rechazó el haber
manifestado que “le fuese a quitar la niña para llevármela a
Marruecos”. A juicio del procesado, “me ha denunciado porque
han subido las tasas de la pensión alimenticia y me han
embargado la nómina durante cuatro o cinco meses”,
manifestó, añadiendo que “teníamos muy buena relación”.
La denunciante, por su parte, negó que la cordialidad fuese
la virtud entre ambos y apuntó con el dedo a su ex marido ya
que “me insultaba diciéndome puta y falsa. Además, me dijo
que me iba a quitar del medio y que me iba a romper la
cara”. Ante las preguntas de acusación y defensa sobre la
temporalidad de las supuestas amenazas, la mujer especificó
que se llevaban produciendo desde que el juez había
dictaminado la retención de la nómina del acusado para pagar
la alimentación de las menores. “Las llamadas las borró mi
hija del móvil”, concluyó.
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