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Las estrategias utilizadas por la
oposición política o sindical contra la gestión de un
Gobierno legítimo en la búsqueda constante de su desgaste
son muy variadas aunque, en la totalidad de los casos
consisten básicamente en arremeter directamente contra los
miembros más destacados de su organigrama puesto que,
descabezar una organización supone en principio, destruir la
estructura básica para su funcionamiento. Prueba irrefutable
de esta afirmación la podemos encontrar en la presentación
en el año 2009 de una denuncia ante el Juzgado de lo
Contencioso Administrativo nº 2 de nuestra Ciudad contra la
Viceconsejería de Recursos Humanos al entender la parte
denunciante, que personas claves de la administración
autonómica percibían mensualmente un complemento de
productividad de forma irregular.
Durante semanas, los medios de comunicación locales
difundieron tanto, las informaciones generadas por la parte
demandante como, las elucubradas por las diferentes
formaciones políticas en la oposición parlamentaria y
extraparlamentaria, que encontraron un nuevo argumento con
el que arremeter contra un Ejecutivo local, que mantuvo en
todo momento una aptitud responsable en relación a la labor
del órgano judicial competente al omitir cualquier
valoración al respecto durante todo el proceso.
Informaciones a las que debemos añadir todos los comentarios
maliciosos e infundados expuestos en diferentes foros de
opinión así como, en las numerosísimas intervenciones
públicas de quienes decidieron arremeter contra quienes
ocupan cargos destacados de la Administración Autonómica,
funcionarios públicos de reputada profesionalidad.
Pues bien, todas estas informaciones que protagonizaron
minutos y minutos de información en medios de comunicación
locales y nacionales, cayeron en el más absoluto silencio
cuando el Magistrado-Juez del Juzgado de lo
Contencioso-administrativo nº 2 de Ceuta dictó sentencia el
pasado día 12 de febrero. Un fallo en el que desestimaba el
recurso contencioso-administrativo presentado por una
central sindical mayoritaria contra la Viceconsejería de
Recursos Humanos. Desde ese mismo instante, la justicia
devolvió la quietud a quienes protagonizaron
involuntariamente las acusaciones infundadas señalando, que
a día de hoy aún no han recibido las disculpas provenientes
de quienes decidieron utilizarlos en la confrontación
emprendida contra el Ejecutivo local.
Durante meses cuatro trabajadores de la ciudad se vieron
sometidos a escarnio público como consecuencia de las
acusaciones infundadas vertidas en diferentes foros
mediáticos por quienes deberían haber defendido sus
legítimos derechos además, de poner en duda la honradez
adquirida tras años de servicios en labores esenciales para
la administración local. Las confrontaciones políticas deben
dirimirse exclusivamente en este mismo ámbito, obviando
totalmente a quienes desempeñan las labores asignadas por
sus jefes inmediatos, cumplimentando en todo momento la
legalidad vigente. No obstante, también sería recomendable
que los propios medios de comunicación trasladaran a la
ciudadanía el resultado del procedimiento en su totalidad,
incluyendo la sentencia emanada de los órganos judiciales
competentes.
En definitiva, una vez más los ciudadanos asistimos al
espectáculo mediático protagonizado por quienes pretenden
obtener con estas desmedidas actuaciones beneficios
personales. Las centrales sindicales deben destinar todos
sus esfuerzos a defender los derechos de todos los
trabajadores, alejando totalmente la confrontación política
del ámbito laboral. Y por supuesto, los medios de
comunicación, fedatarios de la actualidad informativa deben
finalizar el trabajo iniciado realizando un concienzudo
seguimiento a todo el procedimiento judicial, aportando
definitivamente la sentencia judicial final.
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OPINIÓN / AL SUR DEL SUR
