Las pruebas judiciales se
almacenan donde se puede entre las estancias de los 14
órganos que se distribuyen por Ceuta, provocando un cierto
caos sólo subsanable por la pericia y la prestación de los
funcionarios que tratan de ejercer la responsabilidad de sus
funciones pese a las muy dificultosas condiciones con las
que luchan a diario en el desempeño de profesión. No existe
un depósito judicial en la ciudad, lo que provoca un
maremagnun de extraordinario calibre. Cajas y cajas con
medios de pruebas necesarias para la instrucción de causas
se amontonan casi por doquier y casi 1.200 vehículos se
reparten como se puede entre Ceuta y Algeciras. Una
situación que empeora, nunca mejora, con el paso del tiempo
y con el aumento de causas. Un gran problema.
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Aunque la previsión estimaba
problemas en los vuelos con destino Málaga y Algeciras, el
hecho final es que no afectó a los usuarios de la línea
aérea entre Ceuta y la península, lo que no resta la
impresión negativa que han causado unos profesionales,
excepcionalmente bien pagados, que han retado al Gobierno de
la Nación, a todo el aparato del Estado y tomando como
rehenes a los más de 300.000 usuarios que aguardaban el
viernes -hoy serán más- para tomar algún vuelo. El hecho
histórico y único en la democracia española de decretar el
Estado de Alarma y militarizar los aeropuertos y el espacio
aéreo ha logrado reconducir la situación, por el momento. Lo
que no debería suceder es que a los controladores les
saliera gratis el caos provocado. Aunque vuelvan a sus
labores, militarizados, no deben quedar impunes.
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