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El Servicio de Atención a Víctimas de los juzgados ha
recibido hasta el 1 de diciembre 347 denuncias reclamando
asistencia frente a 354 en el mismo periodo del año pasado.
La mayoría son por situaciones de Violencia de Género y han
derivado en un centenar de órdenes de protección de mujeres.
Cinco de ellas corren un riesgo alto de ser agredidas de
nuevo. Por otro lado, el 80% de las víctimas retiran sus
denuncias y desisten del procedimiento abierto antes o
después del juicio. El responsable del servicio, Carlos
Aguilera, revela que muchas mujeres reclaman recursos que no
les corresponden por no estar bien informadas.
Un total de 100 órdenes de protección de mujeres que sufren
casos de Violencia de Género se han dictado en Ceuta entre
el 1 de enero y el 1 de diciembre de 2010 frente a 74 que se
emitieron el año pasado, según datos de la Oficina de
Atención a las Víctimas de los juzgados.
Durante el mismo periodo se ordenó el ingreso en prisión por
quebrantamiento de esas órdenes de una decena de presuntos
maltratadores, un dato que duplica el de todo el ejercicio
2009 cuando sólo se tomó esa medida en cinco ocasiones. El
Cuerpo Nacional de Policía dispone de un protocolo
consensuado con los jueces, fiscales y equipos técnicos en
el que se establecen los grados de riesgo que sufren las
mujeres denunciantes de malos tratos después de que se
evalúe su situación. En la ciudad, sólo cinco víctimas se
encuentran en situación de alto riesgo de ser agredidas. El
resto se sitúa entre el riesgo medio y bajo.
El número medio de detenciones diarias por malos tratos es
de una, aunque el pasado jueves se produjeron tres arrestos.
En cualquier caso, la respuesta del sistema judicial y de
protección a los casos de violencia machista no se ve
correspondido con una continuidad en las acciones legales
hasta el final por parte de las afectadas. “La gran mayoría
de las denunciantes retira sus denuncias antes o después del
juicio en un 80% de los casos”, revela Carlos Aguilera,
director de este servicio. ¿Las causas?. Después de nueve
años coordinando al equipo de atención a víctimas, Aguilera
explica que “por miedo, despecho e intereses personales como
puede ser, entre otros, el de los trámites para legalizar el
matrimonio coránico”.
La experiencia ha puesto delante de este funcionario una
serie de posibles tipos de malos tratos como son los
psicológicos, físicos, de larga duración o malos tratos
puntuales. El momento emocional que viven las víctimas que
se deciden a dar el paso de denunciar también es diferente.
“Cuando las veo entrar, sé el tipo de agresión que sufren
por sus ojos, su cara, las manos o la forma que tienen de
moverse”. explica. En un porcentaje alto, no se atreven a
denunciar “por pánico al marido”, revela.
La activación de el sistema de asesoramiento, acompañamiento
y orientación de estas mujeres choca a veces con víctimas
que solo demandan “una regañina” o “un tiron de orejas” a su
pareja, un tipo de actuación que no está prevista porque “yo
siempre digo que el juzgado no tiene sentimiento, ni
corazón, pero es una cuestión de educación, de la educación
que tenga cada personas para entender esto”.
Otro dato que llama mucho la atención es el hecho de que en
el último ejercicio completo cerrado, el de 2009, el
porcentaje de jóvenes denunciados por pegar o maltratar
psicológicamente a sus parejas fue de nada menos que el 62%
del total. Otro 34% fueron hombres de entre 30 y 50 años y
solo un 4% superaba los 50.
Aguilera recuerda que los servicios que presta su
departamento son la orientación y asesoramiento legal sobre
separaciones, tutela de los hijos, incapacidades y acceso a
la justicia gratuita durante el proceso, entre otras
cuestiones, para las afectadas. Sin embargo, la falta de
información con la que llegan muchas afectadas les lleva a
pedir unos recursos que, a veces, no les corresponden como
quedarse con la casa del supuesto maltratador sin tener la
separación de bienes o recibir una pensión sin la sentencia
de divorcio. Hay víctimas que llegan queriendo obtener una
solución a su problema en 24 horas y eso no es posible.
Un capítulo aparte merece la picaresca que se genera entorno
al cobro de la ayuda de 420 euros a la que tienen derecho
las mujeres maltratadas durante tres años. Se han dado casos
de mujeres sin documentación española que han tratado de
cobrarla o de otras que siendo extranjeras se casan con
españoles para obtener esa ayuda, pese a que no les
corresponde hasta que no regularicen su situación. Carlos
Aguilera recuerda que la buena coordinación entre su
servicio, el Centro Asesor de la Mujer, el INEM y el Colegio
de Abogados hizo posible tiempo atrás atajar los casos de
cobro indebido. “Hubo un momento en el que vimos que 25 de
las 30 personas que cobraban lo hacian ilegalmente”,
desveló.
El Servicio de Atención a Víctimas de Delitos no solo
atiende a las mujeres que sufren violencia machista, aunque
esta es su función más conocida. Asiste a todas las víctimas
de delitos, especialmente de los violentos. El 1 de
diciembre de 2009 se habían presentado 354 denuncias
reclamando asistencia y durante 2010 han sido 347.
Otros casos que se han atendido son los de violencia
familiar, abusos y agresiones sexuales.
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violencia de género
