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El presidente de Melilla, Juan José Imbroda (PP), ha
calificado como un “palo” para el Gobierno español la
decisión del Comité de Derechos Humanos de la ONU de frenar
la extradición a Marruecos de Alí Aarras, acordada el pasado
19 de noviembre en el Consejo de Ministros, mientras estudia
el caso.
A preguntas de los periodistas, el presidente autonómico ha
vuelto a defender que, de ser necesario, Aarras, reclamado
por su supuesta pertenencia al “Movimiento de los
Muyahidines en el Magreb”, sea juzgado en España o en
Bélgica, país del que posee su nacionalidad.
“Si este señor es un ciudadano comunitario, es como si fuese
un ciudadano español, y por tanto hay que protegerlo”, ha
manifestado Imbroda, quien ha pedido que esta persona,
detenida en abril de 2008 en Melilla, sea juzgada por la
justicia española o belga, no por la de un tercer país como
Marruecos.
El presidente melillense ha recordado que, además de Aarras,
también se ha dado el caso de otros dos ciudadanos nacidos
en Melilla, de nacionalidad española, a los que se les ha
“considerado como marroquíes”.
Imbroda se ha referido así al debate que él mismo mantuvo en
el Senado con el anterior ministro de Exteriores, Miguel
Ángel Moratinos, al que le recriminó que se diera el trato
de nacionales marroquíes a los que son nacionales españoles.
“No se enteraban en Madrid”, ha aseverado Imbroda, quien ha
insistido en que si esta persona tiene algo que “pagar”
desde el punto de vista judicial que lo haga en España, o
bien en Bélgica.
Para Imbroda, extraditar a Aarras a Marruecos no cuenta con
garantías, ya que se trata de un país en el que los derechos
humanos “brillan por su ausencia, a la vista de los hechos
últimos”.
Fuentes cercanas a la familia de Aarras, con doble
nacionalidad marroquí y belga, y que fue detenido en Melilla
en abril de 2008, han informado hoy a Efe en la ciudad
autónoma de la decisión del citado comité de la ONU de
admitir a trámite la demanda presentada por su defensa.
Por su parte, fuentes del Ministerio de Justicia han
explicado que la admisión de la demanda en la ONU no
paraliza por sí sola la extradición -como sí sucede con las
resoluciones dictadas por el Tribunal Europeo de Derechos
Humanos (TEDH)-, pero han confirmado que el comité ha pedido
al Gobierno español que paralice la entrega mientras estudia
el caso.
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declaraciones
