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La Asociación de Padres de Familia Separados (A.P.F.S.)
manifiesta su total rechazo y la decisión de tomar las
medidas que correspondan, tanto a nivel nacional como
internacional ante la propuesta de la ministra de Sanidad,
Política Social e Igualdad, Leire Pajín, y del
Vicepresidente 1º del Gobierno Pérez Rubalcaba aprobada por
el Consejo de Ministros de la semana pasada, de suspender
por ley la custodia de los hijos a los padres imputados por
presuntos malos tratos y retirar la patria potestad en caso
de condena.
Es una propuesta que va contra la Constitución Española,
saltándose los artículos 14 (en el que se proclama que no
puede haber discriminación por razón de sexo) y el artículo
24 en el que se estipula la presunción de inocencia.
Con esta normativa quieren declarar culpable, una vez más, a
quien todavía no ha sido juzgado ni condenado. Es decir se
sigue penalizando de una manera arbitraria y caprichosa al
hombre.
Consideramos que esta nueva ley lo que intenta es hacer que
se prodiguen, aún más las denuncias falsas, el
encarcelamiento de inocentes y lo que es peor: el no
preservar el derecho de los hijos a tener padre y madre (de
acuerdo con lo estipulado en la Declaración de los Derechos
del Niño y la Convención sobre los Derechos del Niño).
Una vez más este gobierno parece querer crear más
enfrentamiento y tensión en las separaciones y divorcios,
dando pie a que a través de denuncias (muchas veces falsas)
se pueda separar a un hijo de su padre.
La APFS está cansada de recibir hombres que han sido
víctimas de denuncias falsas y de detenciones preventivas
que, posteriormente, se convierten en sentencias
absolutorias.
Ante esta situación vejatoria hacia el hombre que se suma a
otras normativas, discriminatorias, adoptadas por el actual
gobierno la APFS comenzará una campaña de actuaciones tanto
públicas, a través de los medios de comunicación, de
recogida de firmas, de creación de opinión como medidas
legales, dentro y fuera del territorio nacional dirigidas a
defender la Constitución Española y a impedir que un
gobierno publique medidas legales no ajustadas al contenido
y al espíritu de nuestra propia Ley de leyes.
Exigimos, una vez más que se condene, penalmente, a quien
profiere denuncias falsas y que actúen los jueces de oficio
contra dichos denunciantes falsos.
Así mismo exigimos que se respete y se cumpla la libertad de
ejercicio del poder judicial que son los únicos que, a
través de un estudio pormenorizado y profundo de cada caso,
es el capacitado para tomar medidas legales, de acuerdo con
cada situación. Nos parece una gran intromisión por parte
del Gobierno en las funciones del poder judicial.
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OPINIÓN
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COMUNICADO
