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Los forenses consideran necesario que se hagan al menos tres
pruebas a los jóvenes extranjeros para determinar la edad
aproximada de los que van indocumentados y existen dudas
sobre si son mayores de edad. Además apuestan por la
implantación de Institutos de Medicina Legal en aquellas
regiones, como Madrid, Ceuta y Melilla, donde no existen.
Los forenses consideran necesario que se hagan al menos tres
pruebas a los jóvenes extranjeros para determinar la edad
aproximada de los que van indocumentados y existen dudas
sobre si son mayores de edad y que la decisión final se
adopte por un juez o fiscal. Además, y según recoge Efe,
apuestan por la implantación de Institutos de Medicina Legal
en aquellas regiones, como Madrid, Ceuta y Melilla, donde no
existen y se plantean este tipo de casos; y en las
comunidades donde ya los hay, que se creen unidades
especializadas.
Los expertos explican que la estimación de la edad “es un
procedimiento complejo, al que se le debe conceder el tiempo
suficiente para su realización” y aconsejan que se evite “su
asignación a los servicios forenses en funciones de
guardia”.
La exploración debe preservar la dignidad y seguridad del
joven extranjero, al que deben informar de la realización de
estas pruebas para obtener su consentimiento, exponen.
El fiscal coordinador de Extranjería, Joaquín Sánchez-Covisa,
ha recordado que, siguiendo la doctrina del Tribunal
Constitucional, “es necesario el consentimiento informado
del menor y esto trae como consecuencia que en aquellas
comunidades donde se adoptan estas prácticas sin ese
consentimiento, sean nulas de pleno derecho”.
Estas son algunas de las recomendaciones incluidas en un
documento de buenas prácticas consensuado entre los
Institutos de Medicina Legal de España, que hoy se ha
presentado en unas jornadas organizadas por el Defensor del
Pueblo ante las diferencias en las Comunidades Autónomas en
torno a los criterios que se aplican para determinar la edad
de los jóvenes extranjeros.
La defensora del Pueblo en funciones, María Luisa Cava de
Llano, ha convocado en una jornada de trabajo a
representantes de CCAA, fiscales, ONG y defensores
autonómicos para analizar estas conclusiones de los
científicos e intentar promover la adopción de un protocolo
de actuación común que ayude a superar las “deficiencias”
detectadas por esta institución.
La comunidad científica propone que en estos casos en los
que se duda de la edad del menor se realice al menos una
exploración general y una entrevista, un examen radiológico
del carpio y otro odontológico, y, si “no hay resultados
contundentes”, se haga un estudio de la clavícula.
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SANIDAD
