El no a la LOCE
 

Andrés Gómez Fernández
andresgomez@elpueblodeceuta.com
 

Durante los más de tres lustros de vida democrática, en nuestro país, se han sucedido nueve leyes educativas –además se ha modificado una, la Ley Universitaria, LOU- que poco a poco, han ido cambiando el sistema según el color del partido que gobernara.

Por tal motivo, la proliferación de leyes no han hecho sino devaluar el sistema educativo español, a juzgar por la radiografía que de él hacen los informes nacionales e internacionales.

La razón del por qué de tantas leyes está en que todas sin excepción, se han aprobado sin consenso. Y conviene añadir que, tras el fallido intento de lograr un Pacto de Estado, las esperanzas de lograrlos se han desvanecido, al menos, hasta el momento.

Después de la Ley General de Educación (1970), que estableció como gran novedad, la educación obligatoria hasta los 14 años, con la democracia llegaron varias leyes: LOGSE, LOCE y LOE.

En los albores de los 90, el PSOE promueve y saca adelante la Ley Orgánica del Ordenamiento General del Sistema Educativo (LOGSE), que amplía la educación obligatoria a los 16 años, sustituyendo a la “mítica” EGB, por Educación Primaria y Secundaria Obligatoria (ESO) y establece un nuevo Bachillerato de dos años (16-18) y una Formación Profesional de Grado Medio, a la que se accedía desde la ESO.

La norma estuvo vigente hasta 2002, cuando el PP, en su segunda legislatura, con mayoría absoluta, decidió aprobar la Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE), que apenas entró en vigor, ya que dos años después, en 2004, al borde de la implantación de las nuevas enseñanzas, el PSOE, volvió a gobernar, suspendió la aplicación de la LOCE y elaboró otra normativa, la Ley Orgánica de Educación (LOE), que recibió el respaldo parlamentario en 2006.

Tal revoltijo de siglas nos sitúan a la cola de los países desarrollados, por el fracaso y abandono escolar prematuro, el desequilibrio entre los titulados en FP y Bachillerato, la escasez de recursos, desinterés de los padres por la escuela, que se traduce en bajo rendimiento de los alumnos y escasez o nula consideración social hacia el profesorado, cuando no, una actitud agresiva y hasta violenta con quienes han elegido como profesión formar a los ciudadanos del futuro.

Tras quince años de vigencia de la LOGSE, sólo interrumpido por la aplicación durante unos pocos meses de la LOCE, que no era otra cosa que una tentativa seria y bienintencionada de paliar en lo posible el desastre, que fue liquidado sin contemplaciones por el Gobierno surgido el 14 de Marzo de 2004, España es el único país de la OCDE donde tener un título superior vale lo que vale no tenerlo. No mucho, la verdad.

Estando la situación así, el Congreso de los Diputados se aprestó a votar una nueva Ley. Aunque vino precedida de una campaña donde se insistió en el carácter participativo de la propuesta, y aunque en los últimos momentos se sucedieron los gestos, las reuniones y las transacciones, la LOE, en el fondo, no es más que la anterior LOGSE, con unos cuantos remiendos. O sea, un fraude. Porque encima, han pasado quince años, una generación, y estamos donde estábamos, si no peor. Y porque un país que ha hecho dejación de la responsabilidad de educar, difícilmente podrá aspirar a grandes metas.

Y repito, estamos a la cola de Europa, en casi todos los parámetros que miden la educación contemporánea. Y, si paradójicamente, nunca hubo aquí más escuela, ni más profesores, el problema no puede ser otro que la falta de planificación, de calidad, de concepto.

El gobierno del PSOE, trajo, como no podía ser de otro modo, su ley educativa, en este caso –como se ha dicho anteriormente- previa derogación de la del PP, que ni siquiera llegó a entrar en vigor; un record de despropósito político. El PP intentó poner algo de razón en el dislate de la LOGSE, cuyos calamitosos resultados han creado una generación desmotivada por el estudio y un profesorado entumecido y lo hizo desde la prepotencia de los últimos años de poder; no escuchó a nadie y despreció las críticas y reparos de la ciencia educativa.

Con todo ello, la ley abortada tenía una lógica de recuperación del esfuerzo como valor y de la jerarquía intelectual como modelo.

La LOE, peca de los mismos defectos de soberbia política que sus promotores criticaron a la del PP, la misma falta de consenso y un sectarismo ideológico que maneja a pendulazos la cuestión religiosa. Pero, además, tiene un espíritu revanchista, apunta directamente contra los colegios confesionales y desentierra la desmotivación que caracterizaron el fracaso de la LOGSE.

Después de derogar precipitadamente la LOCE y, tras un año de trabajo, Educación no ha avanzado un centímetro en el consenso y ha elaborado un texto confuso, con inconcreciones tales como que no especifica si con tres asignaturas suspensas un alumno debe o no repetir curso. Lo único claro es el laicismo que ha inspirado su redacción, pues, observando que más del 70% de los alumnos de la escuela pública elige la asignatura de la Religión, el Gobierno deja esta materia como optativa no evaluable.

De haberse aceptado la LOCE, qué, en síntesis, hemos perdido. Por un lado, la filosofía de esfuerzo y excelencia. Se premiaban el mérito y la cultura de los valores para alcanzar los objetivos académicos; por otra parte, institucionalizó la repetición en todos los cursos de ESO, una sola vez, cuando un alumno tuviera más de dos suspensos y, por último, instauró la prueba final o reválida como criba para el paso a una escala superior educativa.