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Una de las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso a los Presupuestos Generales del Estado urge al
Gobierno central a efectuar “en el plazo de tres meses desde
la entrada en vigor de la presente Ley” las modificaciones
normativas necesarias “para otorgar capacidad legislativa a
las Ciudades Autónomas de Ceuta y de Melilla, en los mismos
términos que las Comunidades Autónomas de régimen común,
para establecer la base imponible de la tasa sobre rifas,
tómbolas, apuestas y combinaciones aleatorias”.
La historia viene de lejos y aparenta tener un calado
económico profundo. La Ciudad aprobó el pasado 18 de mayo su
Reglamento de Apuestas para aprovechar este nicho económico,
singularmente en su vertiente online, y este mismo mes el
consejero de Hacienda autorizó a dos empresas (Securbet y
Fórmulas y Soluciones) a “organizar y comercializar”
apuestas en la ciudad “durante un periodo de 10 años”.
Sin embarco, como el PP advierte en su enmienda, la
normativa ceutí, “por imposibilidad de regulación debido a
no tener competencias legislativas”, no dice nada sobre la
tasa fiscal sobre apuestas, regulada con carácter estatal en
un Decreto preconstitucional.
La aplicación de la normativa estatal exclusivamente en las
dos ciudades autónomas obligaría a aplicar el tipo de
gravamen previsto del 10% sobre el importe total de los
billetes, boletos o resguardos vendidos “en lugar de hacerlo
sobre la diferencia entre los ingresos obtenidos por
apuestas y premios obtenidos, tal y como ya se hace según la
normativa aprobada por las Comunidades Autónomas como Madrid
o el País Vasco”, las más adelantadas.
Es por ello que el Grupo Popular alerta de que “la cuestión
es de gran relevancia” y de que el hecho de que prospere o
no la enmienda “condiciona la toma de decisiones de
inversión en la ciudad de Ceuta de varias empresas del
sector, poniendo en peligro proyectos empresariales y la
creación de empleo”.
El resto de Autonomías españolas no se ven constreñidas,
como Ceuta y Melilla, en esta materia. La Ley de
Financiación de Comunidades y Ciudades Autónomas, contempla
la posibilidad de asumir competencias normativas en materia
de tributos sobre el juego en relación con exenciones, bases
imponibles, tipos de gravamen y cuotas fijas, bonificaciones
y devengos, y varias regiones ya han ejercido sus
competencias en esta materia y para sus ámbitos
territoriales, en particular, en relación con la
determinación de las bases imponibles y la determinación del
tipo de gravamen, adaptando de paso la regulación a la
naturaleza de la nueva tasa.
Ceuta ha apostado fuerte por un negocio en auge que este año
facturará unos 300 millones de euros sólo en España y que
precisa de grandes espacios. Las firmas de apuestas online
estarán operativas legalmente en España en 2011 con la nueva
Ley del Juego, de próxima aprobación.
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sesión plenaria
