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Dar ejemplos de defensa, por parte del Gobierno de Ceuta, de
los intereses generales de los ceutíes por encima de los
intereses partidistas supondría un espacio tan numeroso que
no tendríamos espacio suficiente en este artículo. En los
últimos días se ha comprobado cómo mientras el Gobierno del
presidente Vivas ofrece nuevamente la mano tendida al
Gobierno central para comprar terrenos que permitan la
construcción de nuevos colegios y del nuevo Palacio de
Justicia, la UDCE tomó el camino que intuíamos y no acudió a
la sesión plenaria de ayer viernes, proyectando una defensa
de sus intereses partidistas.
Pero a los pocos días todos los ceutíes observaron un nuevo
botón de muestra ante las negociaciones realizadas con el
PSOE para aplazar la toma en consideración de la iniciativa
legislativa para incrementar las bonificaciones de la
Seguridad Social y su extensión al tejido económico ceutí
ante la certeza que fuera rechazado en el Congreso de los
Diputados.
Si el Gobierno del presidente Vivas defendiera el interés
partidista se mostraría encantado con esa intervención que
se había previsto para el día 26 ante el pleno del Congreso
de los Diputados. El presidente Vivas; el portavoz de la
UDCE, Mohamed Alí y la portavoz del PSOE, Inmaculada Ramírez
subirían al estrado y defenderían la unanimidad de las
fuerzas políticas de la Asamblea apoyando la iniciativa
legislativa. Luego, se sometería a votación y se perdería la
misma, porque el PSOE advirtió que no apoyaría la extensión
a todas las empresas de nuestra ciudad. Se cerraría el
proceso parlamentario, no se conseguirían los objetivos que
marcaron la presentación de la iniciativa, pero el Gobierno
ceutí saldría limpio como una patena. El problema sería para
el PSOE, porque existiría contradicción entre el apoyo del
grupo parlamentario socialista en la Asamblea autonómica de
Ceuta y el voto en contra del grupo parlamentario socialista
en el Congreso de los Diputados. Además, ese voto negativo
iría igualmente en contra de una acción política que
incluyeron en su programa electoral en el año 2004. Las
críticas contra el PSOE caerían por su propio peso.
Pero como el Gobierno del presidente Vivas defiende el
interés general por encima del partidista, porque ese es el
mandato recibido por parte de la gran mayoría del pueblo de
Ceuta, tiende la mano y ante el previsible rechazo apoya, en
primer lugar, un aplazamiento de la toma en consideración de
la iniciativa ante el Congreso de los Diputados. A partir de
ahí, comprueba cual es el grado de consenso de la medida
tanto con la Administración estatal como con el PSOE y
comprueba que la diferencia está únicamente en que no se
acepta una extensión de la medida a todos los sectores
económicos. No tiene ningún reparo en abrir un período de
negociaciones con la administración estatal para sentar un
acuerdo lógico y se establece que la aprobación tendrá lugar
antes del final de la presente legislatura.
Porque lo importante es que Ceuta cuente con un incremento
de las bonificaciones y que el mayor número de empresas se
beneficien. Porque el Gobierno de Juan Jesús Vivas está
convencido de la bondad de esta medida: recordemos que fue
quien insistió ante la entonces Administración central, en
manos del PP, y encontró la oportuna receptividad de
establecer una bonificación del cuarenta por ciento y para
los cuatro sectores en crisis. Fue quien ha insistido ante
el Gobierno del presidente Zapatero en cada ocasión que
estaba a punto de establecerse su caducidad, solicitando su
prórroga, lo que ha ocurrido en los años 2006, 2008 y 2010.
Una medida que afecta a seis mil trabajadores y mil
empresas, sin olvidar que creó ochocientos puestos de
trabajo desde su entrada en vigor.
La lealtad institucional es un sentimiento que el Gobierno
de Ceuta practica día a día desde hace diez años. La mano
tendida es también una manera de entender la política,
porque se entiende que esta tierra no puede perder su
conexión con la Administración General del Estado. El
interés general obligaba y así se ha hecho a establecer y
abrir un período de negociaciones que nos lleve a consolidar
legalmente esta medida, que se amplíe hasta el 50% y que
llegue al mayor número de empresas ceutíes.
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OPINIÓN
