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                     Una semana más y no será la 
					última, los ceutíes asistimos atónitos a un nuevo 
					espectáculo mediático protagonizado por los dos portavoces 
					de la Coalición Caballas, Mohamed Alí y Juan Luís Aróstegui. 
					Unos políticos, que argumentan su labor de oposición, única 
					y exclusivamente en el ancestral proverbio “calumnia y 
					miente que algo quedará”. Sin ninguna duda, los ciudadanos 
					experimentaremos ataques de esta índole hasta finales de la 
					legislatura como consecuencia de la búsqueda permanente del 
					desgaste del Ejecutivo local cuando, lo realmente productivo 
					para la sociedad en general sería conocer la alternativa de 
					Gobierno planteada por esta coalición. Debo puntualizar, que 
					esta estrategia ha sido rechazada sistemáticamente por los 
					ceutíes desde 1999 es decir, desde el mismo momento en que 
					el líder de esta coalición y maestro experimentado en su 
					utilización fue desalojado por la ciudadanía de la política 
					local.  
					 
					Por tanto, una vez más, debo afirmar que las declaraciones 
					vertidas por esta coalición, junto a la utilización de 
					calificativos nada apropiados, confirman mis últimas 
					afirmaciones respecto a que el discurso del líder de la UDCE, 
					Mohamed Alí, se ha radicalizado como consecuencia de su 
					acercamiento al “intelectual del insulto y la difamación”. 
					Sin ninguna duda, la formación progresista localista ha 
					conseguido fagocitar a la UDCE pero, esta es una cuestión 
					que deberán valorar, analizar y resolver internamente los 
					órganos de dirección de esta formación política. No 
					obstante, el importante cambio experimentado en los últimos 
					meses en la labor diaria de la primera formación política en 
					la oposición, esta consiguiendo deslegitimarla ante la 
					ciudadanía para ejercer dichas labores ya que, han perdido 
					cualquier indicio de credibilidad al intercambiar la 
					presentación de sus habituales propuestas alternativas a la 
					gestión del Ejecutivo por la difamación constante. 
					 
					Esta semana correspondía acusar al Ejecutivo local de 
					decidir deliberadamente adjudicar un concurso público para 
					la adquisición del mobiliario destinado al Conservatorio de 
					Música de la Manzana del Revellín a una empresa con capital 
					procedente de Andujar, cuya única empleada en Ceuta es 
					familiar directo de la persona a quien dirigen las críticas. 
					Acusan a la empresa en cuestión, Ebania, de abrir sus 
					puertas meses antes de recibir la licitación y cerrar 
					completamente su actividad tras entregar y recibir el pago 
					por la compra de los muebles mencionados. También, añaden a 
					la acusación, que consiguieron la adjudicación del concurso 
					a pesar de competir con empresas de mayor envergadura. 
					Obvian en todo momento, que como todo procedimiento público 
					de estas características han cumplimentado escrupulosamente 
					los requisitos exigidos de publicidad, concurrencia, 
					transparencia, trato igualitario y no discriminatorio. Han 
					desmentido las declaraciones ofrecidas por el consejero 
					competente en relación a una posible descoordinación entre 
					el autor del proyecto y los técnicos que llevan a cabo las 
					actuaciones finales de la Manzana y para nada han hecho 
					referencia a los problemas que podría haber causado 
					desatender las exigencias del redactor del proyecto.  
					 
					No obstante, en esta ocasión, han introducido un nuevo matiz 
					en sus declaraciones que las diferencian sustancialmente de 
					las anteriores puesto que, tras verter las habituales 
					acusaciones han puntualizado que carecen inicialmente de las 
					pruebas documentales necesarias para poder acudir a los 
					tribunales de justicia, argumentándolas con nuevas 
					acusaciones “hablamos de corruptos, no de tontos”. Por 
					favor, ¿hasta dónde vamos a permitir los ceutíes llegar a 
					estos señores? Puesto que, antes de difamar a una persona 
					deben poseer todas las pruebas necesarias. Los españoles 
					convivimos en un Estado de derecho donde la presunción de 
					inocencia debe prevalecer. En definitiva, una vez más y no 
					será la última, estos pseudo políticos difaman sin prueba 
					alguna al Ejecutivo local. Menos acusaciones y más denuncias 
					en los tribunales de justicia. 
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