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OPINIÓN - LUNES, 25 DE OCTUBRE DE 2010

 

OPINIÓN / AL SUR DEL SUR

Menos acusaciones y más denuncias en los tribunales de justicia
 


Juan Carlos Trujillo Muñoz
juancarlostrujillo@elpueblodeceuta.com

 

Una semana más y no será la última, los ceutíes asistimos atónitos a un nuevo espectáculo mediático protagonizado por los dos portavoces de la Coalición Caballas, Mohamed Alí y Juan Luís Aróstegui. Unos políticos, que argumentan su labor de oposición, única y exclusivamente en el ancestral proverbio “calumnia y miente que algo quedará”. Sin ninguna duda, los ciudadanos experimentaremos ataques de esta índole hasta finales de la legislatura como consecuencia de la búsqueda permanente del desgaste del Ejecutivo local cuando, lo realmente productivo para la sociedad en general sería conocer la alternativa de Gobierno planteada por esta coalición. Debo puntualizar, que esta estrategia ha sido rechazada sistemáticamente por los ceutíes desde 1999 es decir, desde el mismo momento en que el líder de esta coalición y maestro experimentado en su utilización fue desalojado por la ciudadanía de la política local.

Por tanto, una vez más, debo afirmar que las declaraciones vertidas por esta coalición, junto a la utilización de calificativos nada apropiados, confirman mis últimas afirmaciones respecto a que el discurso del líder de la UDCE, Mohamed Alí, se ha radicalizado como consecuencia de su acercamiento al “intelectual del insulto y la difamación”. Sin ninguna duda, la formación progresista localista ha conseguido fagocitar a la UDCE pero, esta es una cuestión que deberán valorar, analizar y resolver internamente los órganos de dirección de esta formación política. No obstante, el importante cambio experimentado en los últimos meses en la labor diaria de la primera formación política en la oposición, esta consiguiendo deslegitimarla ante la ciudadanía para ejercer dichas labores ya que, han perdido cualquier indicio de credibilidad al intercambiar la presentación de sus habituales propuestas alternativas a la gestión del Ejecutivo por la difamación constante.

Esta semana correspondía acusar al Ejecutivo local de decidir deliberadamente adjudicar un concurso público para la adquisición del mobiliario destinado al Conservatorio de Música de la Manzana del Revellín a una empresa con capital procedente de Andujar, cuya única empleada en Ceuta es familiar directo de la persona a quien dirigen las críticas. Acusan a la empresa en cuestión, Ebania, de abrir sus puertas meses antes de recibir la licitación y cerrar completamente su actividad tras entregar y recibir el pago por la compra de los muebles mencionados. También, añaden a la acusación, que consiguieron la adjudicación del concurso a pesar de competir con empresas de mayor envergadura. Obvian en todo momento, que como todo procedimiento público de estas características han cumplimentado escrupulosamente los requisitos exigidos de publicidad, concurrencia, transparencia, trato igualitario y no discriminatorio. Han desmentido las declaraciones ofrecidas por el consejero competente en relación a una posible descoordinación entre el autor del proyecto y los técnicos que llevan a cabo las actuaciones finales de la Manzana y para nada han hecho referencia a los problemas que podría haber causado desatender las exigencias del redactor del proyecto.

No obstante, en esta ocasión, han introducido un nuevo matiz en sus declaraciones que las diferencian sustancialmente de las anteriores puesto que, tras verter las habituales acusaciones han puntualizado que carecen inicialmente de las pruebas documentales necesarias para poder acudir a los tribunales de justicia, argumentándolas con nuevas acusaciones “hablamos de corruptos, no de tontos”. Por favor, ¿hasta dónde vamos a permitir los ceutíes llegar a estos señores? Puesto que, antes de difamar a una persona deben poseer todas las pruebas necesarias. Los españoles convivimos en un Estado de derecho donde la presunción de inocencia debe prevalecer. En definitiva, una vez más y no será la última, estos pseudo políticos difaman sin prueba alguna al Ejecutivo local. Menos acusaciones y más denuncias en los tribunales de justicia.
 

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