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sucesos - DOMINGO, 24 DE OCTUBRE DE 2010


antiguo hospital del INGESA. archivo.

juicio
 

Los tres médicos del ‘caso
Rosello’ enfrentarán entre
uno y cuatro años de cárcel

Además, y por tratarse de profesionales de
la Sanidad, podrían también afrontar la inhabilitación durante tres o seis años
 

CEUTA
Cristina Marzán

ceuta
@elpueblodeceuta.com

Los actuación de tres médicos del ‘caso Rosello’, en el que el juez consideraba ayer que pudo ser constitutiva de un presunto delito de homicidio imprudente grave, podría costar a los imputados entre uno y cuatro años de prisión, además de la inhabilitación durante tres o seis años al tratarse de profesionales de la Sanidad.

Entre uno y cuatro años de prisión, y la inhabilitación profesional desde tres a seis años. Estas podrían ser las penas a las que se enfrentarán los tres médicos imputados en el ‘caso Rosello’, en el que se produjo la defunción de una mujer ceutí embarazada y, posteriormente, la de su bebé por la cesárea practicada de emergencia.

A este respecto, el titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de la ciudad dictaba ayer el auto por el que solicitaba la apertura de juicio oral y daba traslado al Ministerio Fiscal y a la acusación particular para que presentasen, en el plazo de días, el escrito de imputación ya que, tras dos años de investigación, el magistrado ha determinado que las intervenciones realizadas por el cardiólogo, la ginecóloga y un doctor podrían ser constitutivas de un presunto delito de homicidio imprudente grave. De ahí que, tal y como prevé el artículo 142 del Código Penal, “el que por imprudencia grave causare la muerte de otro, será castigado, como reo de homicidio imprudente, con la pena de prisión de uno a cuatro años”. Además, y tal como se especifica en el apartado tercero de dicho artículo, “cuando el homicidio fuere cometido por imprudencia profesional se impondrá la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión, oficio o cargo por un período de tres a seis años”.

Serán ahora tanto los representantes del Ministerio Público como los abogados que representen la acusación particular los que soliciten cualquier término para la posible condena.
 

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