Unos 600 profesores ceutíes han rubricado la petición al
Gobierno para que inyecte recursos a Muface e impida la
desaparición de las mutuas, ya que tal circunstancias les
obligaría a aumentar en 100 euros más sus aportaciones a la
Seguridad Social en una época en la que ya se han padecido
recortes salariales.
La mitad de los docentes ceutíes, que suponen el 80 por
ciento de los funcionarios adscritos a Muface, ha rubricado
la demanda de mayores aportaciones del Estado al mutualismo
impulsada por el sindicato CSI.F.
La secretaria general del Sindicato de Enseñanza, Estefanía
Lara, explicó a este periódico que unos 600 de los 1.267
profesores, entre funcionarios e interinos, que trabajan en
la educación pública en Ceuta han apoyado la petición al
Gobierno para que ponga todos los medios necesarios y no
permita la desaparición de las mutualidades.
Si así ocurriera, y todos estos funcionarios pasaran a
recibir la asistencia sanitaria directamente a través del
Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), las
consecuencias serían en primer lugar de orden económico:
tendrían que subir al menos en cien euros sus aportaciones a
la Seguridad Social, lo que significaría una pérdida de las
retribuciones netas que vendría a sumarse a los recortes
salariales que ya aprobado el Gobierno este mismo año para
todos los empleados públicos.
Estas son las estimaciones que maneja CSI.F. Sin embargo,
además de tener que aumentar sus aportaciones a la Seguridad
Social, también perderían determinadas prestaciones:
asistencia sanitaria en régimen de elección de compañía
aseguradora; asistencia sanitaria en el extranjero para
estancias temporales o permanentes a través de aseguradoras;
prestaciones dentales y oculares, material ortoprotésico;
instrumentos como audífonos; becas para mutualistas e
hijos...
Desde CSI.F aseguran además que la desaparición de las
mutualidades de funcionarios (Muface, Mugeju, Isfas),
también iría en detrimento del resto de la población, porque
se incementaría el número de afiliados al Régimen General de
la Seguridad Social en varios millones de personas que, o
tendrían que compartir los mismos recursos sanitarios, u
obligaría a las arcas del Estado a proveer mayor
financiación para el INSS. Los funcionarios llaman también
la atención sobre el hecho de que Muface sólo cuesta al
Estado 600 euros por persona y año mientras el INSS genera
un gasto de 1.050 euros por persona y año.
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La revisión del Pacto de Toledo o el declive de las mutuas
El Sindicato de Funcionarios se
teme que con la reducción en la mayoría de las partidas de
los nuevos Presupuestos Generales del Estado las
aportaciones oficiales a Muface no sólo no vayan a aumentar
sino que vayan a disminuir. Por otro lado se encuentra la
revisión del Pacto de Toledo, en cuyas reuniones
preparatorias el Gobierno ya ha anunciado que quiere impedir
el acceso de nuevos funcionarios a la mutua. Lo que
significaría que, una vez fallecidos los actuales
mutualistas, esta modalidad de gestión de las prestaciones
sociosanitaria podría desaparecer de la historia de España.
En la negociación de esta revisión participa el Gobierno, la
CEOE, UGT y CCOO, pero los sindicatos de clase mantienen el
silencio sobre el problema que viene denunciado CSI.F
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