La moción que el ejecutivo autonómico presentará hoy al
Pleno de la Asamblea tiene un preámbulo que repasa los hitos
que “constatan” la trayectoria de colaboración con el
Gobierno de la Nación para que este pudiera materializar sus
competencias en la ciudad.
Esta cooperación se ha dado en materias tan diversas como la
seguridad del Estado, lo que es el caso de la cesión de los
terrenos de Ybarrola para la construcción de una nueva sede
para la Jefatura Superior de Policía, o asuntos sociales,
con la puesta a disposición de terrenos para la promoción de
vivienda protegida
Esta colaboración se ha materializado -eso sí, “en base a
las competencias que la Ciudad tiene en materia de gestión
urbanística”-, en cumplimiento del “deber” que la
Constitución marca en este sentido a las administraciones
públicas y de lo recogido en la legislación sectorial, como
es la Ley del Suelo, que impele a las entidades locales y
autonómicas a coadyuvar en las políticas del Ministerio de
Vivienda.
“Lo que no hay -insisten desde la Ciudad Autónoma-, es una
obligación de compra de suelo”. Esto contradice lo expresado
desde el PSOE local, cuyo secretario general, José Antonio
Carracao, aseguró que “por ley, los terrenos en los que se
construyan colegios han de ser propiedad de los entes
locales”. El Gobierno de la ciudad sostiene sin embargo que
la única obligación de la administración local en el campo
de la educación es la del mantenimiento y seguridad de los
centros de Primaria.
No obstante lo anterior y según se recordará hoy en el
Pleno, la Ciudad ha mantenido abierta una línea de
colaboración con el Ministerio que se refleja en proyectos
como la construcción, en terrenos municipales, de los
colegios Severo Ochoa y Clara Campoamor, ambos en la zona de
Huerta Téllez, así como el que se levantará en Loma
Colmenar.
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