|
El contencioso que mantienen algunos trabajadores y el
Ingesa en relación a la aplicación de los acuerdos de
carrera profesional puede no resolverse en la ciudad
autónoma. El juzgado ceutí que recibió los recursos de los
trabajadores pretende declararse incompetente para impugnar
la resolución que les denegó el nivel de carrera profesional
solicitado, por lo que puede que el asunto acabe en el TSJ
de Madrid.
Los recursos presentados ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Ceuta por una veintena de
trabajadores de Ingesa que vieron denegado el nivel de
carrera profesional solicitado podrían complicarse si, como
parece, los tribunales ceutíes persisten en declararse
incompetentes para resolver sobre la materia.
Según explicaron a este periódico los servicios jurídicos de
los trabajadores, la cuestión se está dirimiendo en estos
momentos porque, de acuerdo al ordenamiento jurídico, los
pleitos de cuantía superior a los 60.000 euros o de cuantía
indeterminada en administraciones periféricas deben
resolverse ante el Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía.
Aunque este sería un mal menor. Al tratar las demandas
presentadas por los trabajadores de impugnar la resolución
del director gerente del Ingesa que les denegaba la
promoción reclamada, el asunto se introduce por otro camino,
el que da pie a un recurso de alzada ante una decisión de la
que es en último término responsable la directora general
del Ingesa, Sara Pupato, pues fue a este nivel en el que se
adoptaron los acuerdos de carrera profesional para el
Instituto Sanitario. Una vez la resolución de la discordia
se entienda como dimanante de la propia dirección general
del Ingesa, los trabajadores no tendrían más remedio que
recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Los letrados de los demandantes apuntaron que, sin duda, la
declaración de incompetencia de los juzgados de Ceuta
constituiría una mala noticia para todo el que quisiera
interponer nuevos recursos, pues tendrían que dirigirse a
una instancia mucho más alejada geográficamente como el
Tribunal Madrileño.
Los trabajadores pretenden que se les reconozca la
antigüedad en la Institución anterior a los acuerdos de 2007
que regularon la carrera profesional, toda vez que el
periodo extraordinario para hacerlo duró sólo veinte días,
una situación que tendría consecuencias retributivas.
|
tribunales 
