Los dos grupos de la oposición en la Asamblea, UDCE y el
PSOE, mostraron ayer a través de dos de sus representantes
en la Cámara, Fatima Hamed e Inmaculada Ramírez, su
disconformidad con la “parálisis” que, a juicio de la
primera, sufre el proceso de reforma de las ordenanzas
medioambientales y la “sorpresa” que causa a la segunda el
proceder elegido.
La diputada de UDCE en la Asamblea Fatima Hamed y la
portavoz del Grupo Socialista en la Cámara autonómica,
Inmaculada Ramírez, mostraron ayer su disconformidad y su
estupefacción, respectivamente, por la lentitud y el
“anómalo” método de trabajo utilizado por la consejera de
Medio Ambiente, Yolanda Bel, para promover la reforma de las
ordenanzas de su competencia.
“Hace un mes que, vía SMS, se nos pidió que elevásemos las
propuestas que considerásemos oportunas a esos textos, algo
que hicimos con la mayor celeridad posible creyendo que se
trataba de una prioridad”, explicó ayer Hamed, “pero cuatro
semanas después resulta que nada hemos sabido del tema”.
Ramírez, cuyo grupo “sigue trabajando” en la revisión de las
cinco ordenanzas en cuestión, mostró su “sorpresa” por la
metodología de trabajo utilizada. “Lo habitual hasta ahora y
parece que lo lógico es que el Gobierno elabore una
propuesta con los servicios técnicos de la Administración y
que la oposición tenga la oportunidad de hacer aportaciones,
sugerencias o alegaciones, no que antes de conocer qué
plantea el Ejecutivo se nos pida a nosotros que hagamos las
propuestas”, señaló la portavoz socialista.
En sus últimas declaracioens sobre esta cuestión la
consejera de Medio Ambiente aseguró tener la intención de
llevar a Pleno antes de que termine este año un nuevo texto
que, entre otras, endurecerá las sanciones vigentes.
Gobierno y oposición pusieron en marcha hace ya más de un
año el trabajo de renovación de estas ordenanzas, cuyas
multas se prevé duplicar “como mínimo”. Este anuncio hizo
que tanto Hamed como Ramírez advirtiesen a Bel de que si el
trabajo tenía un “afán recaudatorio” no contaría con su
respaldo político. El proceso se recondujo a través de
reuniones informales en las que se abordó en primer lugar la
reforma de la Ordenanza de Playas, en la que en un principio
se propuso prohibir la práctica de la pesca y el paseo de
perros durante todo el año, voluntad que el Ejecutivo ceutí
acabó rectificando. Tras esta polémica el Gobierno dio un
brusco frenazo a las reuniones y aparcó el proceso hasta
después del verano, cuando pidió ideas a UDCE y PSOE.
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