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Durante el año pasado, el coste de la asistencia letrada
gratuita se disparó y la inversión realizada por las
Administraciones públicas en el turno de oficio se
incrementó en un 20,8 por ciento, alcanzando los 265,4
millones euros. Sin embargo, Ceuta se situó entre las
autonomías con menor inversión en justicia gratuita,
concretamente, sólo el 0,5%, es decir, 1.227.421 euros.
Dentro del gasto total de Justicia, esta partida
presupuestaria sólo supone un siete por ciento.
La facturación de este gasto se establece conforme a dos
parámetros: el incremento de asuntos y la subvención
recibida por la autonomía, que depende de si tiene o no, las
competencias transferidas en materia de Justicia. En el caso
de Ceuta, no se tienen, por lo que la inversión que realiza
el propio Ministerio en la ciudad autónoma viene regulada
conforme al reglamento y los baremos la Ley de Asistencia
Jurídica Gratuita.
Percepción económica
De igual modo, el salario percibido por los abogados del
turno de oficio depende de dos cuestiones: el número de
asuntos que cada uno tramite y el valor del mismo. Es decir,
“el tipo de procedimiento es lo que determina la percepción
económica”, explicó Isabel Valriberas, decana del Colegio de
Abogados de Ceuta.
Comparando con otras autonomías, en Madrid en los nueve
primeros meses de este año el número de designaciones de
abogados de oficio ha descendido un 10,71 por ciento, el
número de solicitudes ha caído un 6,42 por ciento,
especialmente en Extranjería, y el gasto en asistencia
jurídica gratuita ha bajado un 9,76 por ciento.
Del gasto total en 2009, Cataluña recibió un 24,2 por
ciento, seguida de Madrid, con un 20,5 por ciento, y
Andalucía (15,1) mientras que La Rioja (con un 0,3 por
ciento), Ceuta y Melilla (0,5) fueron las que menor
inversión tuvieron. Este porcentaje a nivel local, traducido
en 1.227.421 euros, se distribuyó de la siguiente forma: las
asistencias a detenidos costaron 33.615 euros, el turno de
oficio y la violencia de género supusieron 814.626 euros y
las infraestructuras, 129.180 euros.
Propuestas
A la vista de estos datos, el comité de expertos del
Observatorio de la Justicia Gratuita ha propuesto la
adopción de varias medidas como evitar la discriminación en
el acceso al servicio de justicia gratuita y fraudes en su
concesión, de tal forma que se asegure el reconocimiento del
beneficio a aquellas personas que realmente tienen una
situación económica precaria y no tengan recursos para
litigar. Esta comisión ha apostado también por la
posibilidad de que el beneficiario de Justicia gratuita
pueda elegir al abogado que le asista.
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