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Pasó el tiempo o, mejor dicho, la
época en que acudíamos al colegio con un babi blanco del que
disponíamos en clase de lunes a viernes, para llevarlo a
casa y volver al mismo con la prenda lavada y planchada para
su posterior uso durante toda la semana siguiente y así
venia sucediéndose la historia hasta la terminación del
curso en el mes de junio de cada año.
Hoy en día nos hemos vuelto mas elegantes o, mejor dicho,
queriendo dar sensación de mejor gusto, distinción o
refinamiento, se utilizan por nuestros hijos o nietos en los
colegios el uniforme que los distingue y así se les dota de
niqui o polo de punto, pantalón deportivo y chándal, todos
ellos adornados con el logotipo de la entidad educativa a la
que pertenecen y que hay que adquirir -y aquí empieza el
artículo-, en el mismo centro donde está matriculado el
alumno.
Ni que decir tiene que se producen verdaderas diferencias de
precio en la adquisición de los uniformes (que dicho sea de
paso, por una parte, supone un ahorro en el presupuesto
familiar de indumentaria del niño) pero ello no obsta para
que observemos la gran diferencia de precio que se da en la
adquisición de cualquiera de las prendas citadas en un
comercio del ramo con las que se facilitan a los alumnos en
el mismo colegio al que pertenecen, eso sí, sin tener
estampados logotipos o marca serigrafiadas del centro.
Precios que pueden oscilar entre un 40 o50 % de su valor que
los padres se ven obligados a pagar porque así se lo impone,
unas veces, el reglamento de la entidad educativa y, otras,
la de disponer este vestuario en exclusiva el susodicho
centro en el que están matriculados los niños.
No nos vale el que algunos centros escolares, para
“legalizar” esta forma de obtener ingresos extras (como el
de la venta, que también se da el caso, de material escolar
o libros de texto en exclusiva), hayan obtenido acuerdos de
los Consejos Escolares o de las Asociaciones de Padres de
Alumnos correspondientes, para gravar más las economías
familiares, teniéndose en cuenta, según tenemos entendido,
que todos los centros concertados disponen de la
correspondiente subvención, no solo para el pago de
profesores, sino para la limpieza, mantenimiento,
suministros, etc. Por ello acudimos a la autoridad
competente, en este caso la Dirección Provincial de
Educación y Ciencia y, porqué no a la Consejería de
Educación, Cultura y Mujer como valedora del bien común para
que se eviten estos hechos y los niños puedan disponer, por
un precio razonable, del uniforme que les acredite la
pertenencia a la entidad en la que cursan sus estudios.
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OPINIÓN / PERSONAL Y TRANSFERIBLE
