El encargado de un estudio sobre discapacidad en Melilla y
en Ceuta estuvo el jueves en nuestra ciudad para reunirse
con el director territorial del INGESA. Antonio García
Morillo le aseguró a Huete que la institución sanitaria en
Melilla tiene un alto grado de cumplimiento del articulado
de la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos
de las personas con discapacidad.
El director territorial del INGESA, Antonio García Morillo,
cree que el área sanitaria de Melilla tiene un alto grado de
cumplimiento del articulado de la Convención de las Naciones
Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad.
Así se lo hizo saber el jueves a Agustín Huete, director de
la empresa consultora Intersocial, que está realizando un
estudio sobre discapacidad en Ceuta y en Melilla.
En la primera toma de contacto, las cuestiones estuvieron
sobre todo centradas en la accesibilidad, en la atención a
los usuarios y en los tratamientos especializados, en caso
de accidentes, lesiones medulares y traumatismos cráneo
encefálicos, por ejemplo.
Según Huete, el motivo de este estudio amplio y general es
conocer las necesidades y problemática de las personas con
discapacidad en las dos Ciudades Autónomas, a través de los
datos del censo, de nivel de trabajo, en educación,
participación social y vivienda.
Por su parte, el director territorial de INGESA explicó a
Agustín Huete la situación estructural del área sanitaria de
Melilla y las previsiones a plazo medio. Le aseguró que la
institución sanitaria en nuestra ciudad tiene un alto grado
de cumplimiento del articulado de la Convención de las
Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con
discapacidad.
De hecho, a principios de este año, el área sanitaria de
Melilla, en cumplimiento con el artículo 35 de la citada
convención, emitió un informe en el que se detallaban las
medidas y progresos en los aspectos de su ámbito de
responsabilidad. Los apartados más importantes del citado
informe se centran en la accesibilidad a las instalaciones
médicas y a la información, el derecho a la privacidad y
protección de datos, las acciones sobre el derecho a la
salud, y la prestación de la rehabilitación.
Además, con el fin de que estas personas tengan un papel más
activo de participación en la gestión de los sistemas de
atención sociosanitaria, se ha potenciado la comunicación y
participación con las organizaciones y asociaciones de
interés social y sanitario.
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