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El Gobierno español no ha concedido aún ninguna subvención a
la ONG marroquí ‘Memoria Común y el Provenir’, que
solicitaba una ayuda de 60.000 euros para localizar fosas
comunes de soldados maroquíes que lucharon en el bando
nacional durante la guerra civil. Esta asociación defiende
la entrega de las ciudades de Ceuta y Melilla a Marruecos,
por lo que parlamentarios españoles denunciaron que el
Gobierno diera dinero español a una asociación con
semejantes ideas antiespañolas.
El Gobierno no ha concedido aún definitivamente a la ONG
marroquí Centro para la Memoria Común y el Porvenir [una
asociación que reclama la soberanía marroquí sobre Ceuta y
Melilla] la subvención que solicitó para localizar fosas
comunes de soldados marroquíes que lucharon en el bando
franquista en la Guerra Civil española, según han asegurado
a Europa Press fuentes del Ejecutivo.
La denuncia pública en los medios de comunicación y la
presentación de una moción por parte de la senadora por
Ceuta, Luz Elena Sanín ha posibilitado una respuesta del
Ejecutivo. “Todavía no se le ha concedido subvención
alguna”, reiteraron la fuentes del Gobierno.
Esta asociación solicitó 60.000 euros, en virtud de la Ley
de Memoria Histórica y, el pasado marzo, el Gobierno hizo
una “propuesta provisional” de concesión de 56.700 euros
para localizar un total de nueve fosas, todas ellas situadas
en territorio de la Península, ninguna en Ceuta o Melilla.
No obstante, las fuentes han insistido en que esa propuesta
aún tiene que pasar un “filtro final”, de modo que la
decisión definitiva aún no se ha producido y se tomará
“próximamente”.
Además, han señalado que, en el momento de pedir la
subvención, la ONG no precisó que entre sus objetivos,
aparte de reivindicar la memoria de los marroquíes que
combatieron en la Guerra Civil, está la reivindicación de
Ceuta y Melilla. Los estatutos de la ONG, publicados en
Internet, no dicen nada al respecto. No obstante, sí hay
alusiones al “futuro” de estas dos ciudades en algunos de
sus comunicados públicos.
Según las fuentes consultadas, para recibir una subvención
conforme a la Ley de Memoria Histórica las ONG tienen que
presentar proyectos relacionados con las víctimas de la
guerra civil y el franquismo y, tanto los proyectos
concretos como los fines de las asociaciones tienen que
“enmarcarse en el objetivo de la convocatoria, que es
promover el encuentro y la concordia y cerrar heridas”.
La ONG Centro para la Memoria Común y el Porvenir organizó
el pasado 25 de septiembre un seminario sobre Ceuta, Melilla
y las islas españolas. En un comunicado reciente, el Centro
ha asegurado que no pretendió aprovechar la polémica
generada con el boicot de varias asociaciones marroquíes a
la frontera de Melilla, pero insiste en que “poner sobre la
mesa la cuestión de Ceuta y Melilla es parte de la justicia
transicional entre los pueblos para construir un futuro
común”.
Al margen de su reivindicación sobre Ceuta y Melilla, los
trabajos de esta asociación para recuperar la memoria de los
marroquíes en la Guerra Civil fueron elogiados hace dos años
por el Gabinete de la Presidencia del Gobierno.
A finales de 2008, el presidente del centro, Abdesslam
Bouteyeb, escribió al jefe del Ejecutivo, José Luis
Rodríguez Zapatero, y al entonces juez de la Audiencia
Nacional Baltasar Garzón, que se propuso hacer un censo de
víctimas del franquismo, para reivindicar la memoria de
130.000 marroquíes “obligados” a combatir contra la
República. No se trata sólo de investigar sus
desapariciones, decía, sino de “sanear la imagen del ‘moro’”
en el imaginario popular español.
La asociación no recibió respuesta de Garzón pero sí de la
directora del Departamento de Política Internacional del
Gabinete de Presidencia, Milagros Hernando, “en nombre del
presidente del Gobierno”.
En ella, Hernando afirmaba que “el conocimiento de la
historia constituye un pilar básico para construir un futuro
próspero y esperanzador” y que “todo esfuerzo que el Centro
para la Memoria Común y el Porvenir realice en ese sentido
merece ser encomiado”.
Además, apuntaba que el Gobierno tomaba nota de su carta al
juez Garzón y añadía que, “desde el pleno respeto a la
separación de poderes vigente en España y a la independencia
del poder judicial, el Gobierno va a seguir con la atención
que merece la cuestión que plantea”.
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