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SÍ Comisiones Obreras y la Unión General de Trabajadores
justifican la convocatoria de la huelga general del próximo
miércoles como la forma más oportuna de “expresar el
contundente rechazo de los trabajadores a las políticas de
recortes sociales y supresión de derechos de los
trabajadores decretadas por el Gobierno, bajo amparo y
excusa de directrices europeas”.
A juicio de las dos centrales sindicales los “brutales
ajustes económicos” adoptados por el Gobierno socialista son
“injustos socialmente, regresivos laboralmente, y
equivocados económicamente” porque “comprometen las
posibilidades de crecimiento económico y de creación de
empleo”.
El manifiesto de la convocatoria lamenta que “tras una
actuación irresponsable de las organizaciones empresariales,
centradas exclusivamente en obtener réditos en el
abaratamiento de las condiciones de trabajo y el
debilitamiento de los trabajadores”, el Gobierno ha decidido
optar por “una desregulación laboral que puede continuar con
otros recortes sociales y laborales”.
Para UGT y CCOO la reforma laboral “no servirá para crear
empleo; no reducirá la dualidad del mercado laboral y
aumentará la temporalidad; facilita y abarata el despido,
porque se amplían las causas para hacerlo más fácil y se
reducen los derechos indemnizatorios de los trabajadores y
las trabajadoras; refuerza el poder empresarial para
modificar unilateralmente las condiciones de trabajo
(horarios, movilidad geográfica, funcional…); debilita la
negociación colectiva y privatiza la gestión del desempleo.
“Hay otras opciones y otras políticas”, denuncian los
sindicatos mayoritarios, que apuestan por “una Europa más
social en la que las negociaciones sociales dejen de estar
sometidas a las fuerzas del mercado”.
Por todo ello llaman a la huelga para exigir al Gobierno
español:
- Una política que reduzca el déficit público mediante el
incremento de los ingresos y no mediante la reducción del
gasto.
- La retirada de una reforma laboral lesiva que facilita el
despido y empeora las condiciones de trabajo.
- Defender la negociación colectiva como marco de protección
de las condiciones de trabajo, frente a los intentos de
atribuir a las empresas la capacidad de incumplir los
acuerdos alcanzados de forma unilateral.
- Defender el sistema público de pensiones como eje central
de nuestro sistema de protección social, y su adecuación a
la evolución social exclusivamente con acuerdo político y
social.
- Una nueva política fiscal, que refuerce la estructura de
ingresos del Estado, recuperando impuestos suprimidos y
apostando por una mayor recaudación basada en la
progresividad fiscal, a la vez que se combate con mayor
determinación y medios el fraude fiscal que lastra nuestra
economía alcanzado tasas que prácticamente duplican la media
de la Unión Europea.
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Cada huelguista perderá una media de 135 euros de salario a
final de mes
El trabajador que secunde la
huelga perderá, de acuerdo con la legislación vigente, la
parte proporcional a un día de su salario y esa jornada
computará como que no ha cotizado a la Seguridad Social. Ese
recorte de sueldo ascenderá de media, según la encuesta
trimestral de coste laboral del Instituto Nacional de
Estadística (INE), a una media a 135 euros por trabajador
con jornada a tiempo completo. Si la huelga fuese un éxito
con una participación superior al 80%, la Seguridad Social
dejaría de percibir ese día 280 millones de euros,
correspondientes a cotizaciones. El empresario se ahorraría
ese día el abono del salario de los huelguistas pero
perdería en términos de producción, una factor clave en las
fábricas en industrias de servicios, según los
especialistas.
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HUELGA GENERAL
