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El Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE) ha estimado
solamente 17 de las 334 alegaciones que ha recibido al
listado definitivo provisional de seleccionados para
participar en los próximos Planes de Empleo de la Delegación
del Gobierno, cuya versión definitiva se podrá conocer el
próximo martes en las páginas de este periódico.
Al primero de los listados, en el que se recogían los
nombres de los 2.000 desempleados preseleccionados para
incorporarse a trabajar durante seis meses en los distintos
programas establecidos por la Administración General del
Estado se presentaron 203 alegaciones, de las que sólo
fueron admitidas 29.
Según explicaron desde el SPEE las alegaciones estimadas
corresponden a demandantes que han aportado documentación
que les faltaba y a otros que estando dados de alta como
cuidadores no profesionales al amparo de la Ley de
Dependencia no aparecían en el primer listado que se dio a
conocer el pasado mes de agosto.
La Dirección Territorial del SPEE concluyó ayer el plazo de
reclamaciones, pues las jornadas del jueves y el viernes se
dedicaron a atender “otras incidencias”.
El balance total del periodo de selección de los
trabajadores sin empleo a incorporar a los Planes ha
arrojado un índice de absentismo del 11% en lo que a los
incluidos en el primer listado se refiere, cuatro puntos por
debajo del registrado en 2009.
El de los citados con carta con acuse de recibo esta semana
se dispara, sin embargo, hasta el 48%, pues sólo 104 de los
200 a los que se les tramitó su cita por este procedimiento
tras no acudir a instancias de listado publicado en los
medios se personaron en la Unidad de Promoción y Desarrollo
(UPD).
Todos los preseleccionados que, “salvo causa de fuerza mayor
justificada”, hayan faltado a su cita no sólo quedarán
descartados para entrar en el conjunto de las 1.332 personas
que serán finalmente contratadas, sino que además verán cómo
se les aplica el régimen sancionador vigente, que de acuerdo
con el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y
Sanciones en el Orden Social contempla desde la pérdida de
su antigüedad en el paro “hasta la suspensión o extinción de
las prestaciones que, en su caso, actualmente perciban”.
Con un presupuesto superior a los 11 millones de euros y
casi un cuarto de sus plazas reservadas para personas en
riesgo de exclusión, parte de los trabajadores seleccionados
se incorporarán a sus puestos en octubre (en el ámbito
educativo). El grueso de los seleccionados (cerca de un
millar) empezarán a trabajar en noviembre.
En enero se incorporará el segundo turno de Educación para
cubrir todo el año académico.
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