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La Asociación Unificada de la Guardia Civil, la Unión
Federal de Policía, el Sindicato Unificado de Policía, la
Unión de Guardias Civiles y la Unión de Oficiales de la
Guardia Civil, que tienen prohibido el derecho de huelga y
el de afiliación a sindicatos de clase, manifiestan que, si
CCOO y UGT tienen más razones que nunca para convocar a la
huelga general, “por solidaridad con los ciudadanos a los
que servimos, con las organizaciones que los representan, y
porque también la situación en las fuerzas de seguridad
estatales así lo aconsejan, hemos decidido manifestar
nuestro apoyo a la huelga general convocada para el próximo
29 de septiembre. Estas asociaciones y sindicatos de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado piden “a todos los
miembros de la Policía y la Guardia Civil que cumplan con su
obligación, con la legalidad vigente, y que contribuyan a
que la huelga general sea un éxito, tratando con el respeto
y la consideración que se merecen los piquetes informativos
de trabajadores, que ejercen una actividad legal”.
El personal a quien representan no hará huelga porque no
tiene ese derecho reconocido por ley, “pero deben oponerse a
cualquier orden que reciban para entorpecer u obstaculizar
el ejercicio de dicho derecho por los trabajadores”,
escriben las asociaciones y sindicatos firmantes del
manifiesto.
La huelga general es un derecho constitucional que las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado están obligadas a
proteger. Sirven a la Constitución y a la ciudadanía, y “si
los responsables políticos o mandos de uno u otro Cuerpo
imparten órdenes contrarias a la Constitución o el ejercicio
del derecho de huelga, estamos obligados a denunciarlos
internamente y ante nuestras organizaciones asociativas y
sindicales”, se advierte en el manifiesto.
El sindicato UGT continúa con su campaña de concienciación e
información a los trabajadores Melilla sobre la “urgencia de
apoyar la huelga general del 29 de septiembre”.
nar al Gobierno para que reconsidere su postura de recortes
sociales y laborales más propia de un gobierno conservador,
retirando o en su caso suavizando las medidas contenidas en
la reforma Laboral.
En opinión de su secretaria de organización, Concha López
Carrillo, se trata de una reforma que es una de las mayores
atentados contra los derechos de los trabajadores actuales y
futuros de este país y que no va a crear empleo, pero sí lo
va a precarizar aun más.
Por otro lado se quiere que el Ejecutivo de Zapatero
reconsidere sus intenciones de tocar el sistema de pensiones
y endurecer el acceso al derecho, “medidas todas ellas que
van a afectar indudablemente a nuestra calidad de vida y
trabajo y que nos van a situar en niveles de protección
social propios de países mucho menos desarrollados que
España”.
En este sentido, subrayó que “la crisis no la debemos pagar
los trabajadores en solitario”.
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